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Como recordó ayer, la última posición pública de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, fue la firma junto a otros representantes de organismos de derechos humanos, legisladores y funcionarios, de un durísimo documento donde se denunciaba a la Policía Bonaerense por utilizar prácticas similares a las de la última dictadura militar.
“La represión de hechos delictivos es en sí legítima cuando se la efectúa por medios legítimos, mientras que el ‘gatillo fácil’, las ‘ejecuciones’ con sello policial, la proliferación de la tortura y del hacinamiento carcelario constituyen prácticas que recuerdan métodos que caracterizaron la dictadura 1976–1983”, denunciaron en un documento difundido el miércoles pasado.
Además de Carlotto, el documento fue firmado, entre otros, por el Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel; Laura Conte, del CELS; el juez de la Cámara Federal de La Plata Leopoldo Schiffrin; el senador del Frepaso, Eduardo Sigal, y el viceministro de Seguridad provincial, Marcelo Saín.
Allí aseguraron que “la violencia institucional cae mayoritariamente en los sectores más débiles y desprotegidos de la población, mientras que todavía quedan impunes el genocidio de la dictadura y los terribles delitos contra el patrimonio del Estado y el bienestar común, cometidos en los últimos 25 años”.
En el documento que fue elevado a la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires, reclamaron el “pronto tratamiento” de un proyecto de reforma de la ley de excarcelaciones para “combatir el hacinamiento en cárceles y comisarías”.