“El miércoles vamos a capitalizar los 81 millones de pesos.” La promesa formulada por el subgerente general de Aerolíneas Argentinas y hombre de Marsans en el directorio de la compañía, Jorge Molina, suena descabellada en este contexto en el que lo único que intentan los accionistas españoles es ceder las acciones a cambio de algún dinero, porque hace rato que dejaron de aportar a la compañía. Si se trata sólo de un amague en momentos complejos de la negociación con el Gobierno o una posibilidad cierta se verá mañana en la asamblea de accionistas.

Este cónclave es continuación de otro, realizado hace poco más de un mes, en el que a instancias de Marsans (que tiene el 95 por ciento de acciones) se aprobó el balance del 2007 y se pasó de inmediato a un cuarto intermedio que termina mañana. Ese cuadro de resultados arrojó un patrimonio neto negativo por 81 millones de pesos. Desde el punto de vista legal estricto, si no se subsana ese rojo la empresa entra en estado técnico de disolución.

Una jugada esbozada desde el Gobierno es capitalizar los cientos de millones de dólares que viene aportando para sostener la operatividad de la empresa: así se subsanaría aquel déficit y, al mismo tiempo, el Estado podría aumentar su participación accionaria sin necesidad de un pago adicional por esos títulos. Pero Marsans, aprovechando su mayoría accionaria, ahora amenaza con cerrar el camino haciendo lo propio. Pero aun en caso de que esta puja se resuelva, quedarán otros pleitos abiertos. También falta que el máximo cónclave de accionistas apruebe el balance de corte a julio del 2008, cuyo resultado es aún peor. Por consiguiente, la necesidad de capitalizar la empresa superaría la de aquel monto prometido por los accionistas españoles a través de la declaración a este diario. La situación aparenta ser muy tensa y los desacuerdos van más allá, inclusive, del precio que Marsans quiere cobrar por las acciones a ceder y el valor negativo que le confirió el Tribunal de Tasación de la Nación a las dos líneas aéreas.

Según los españoles, para que el Estado pueda capitalizar el dinero que aportó como auxilio vital para mantener la operatividad de las empresas es necesario su consentimiento en la asamblea de accionistas, órgano que por ahora ellos dominan. Según la visión oficial, la ley de rescate del capital accionario votada en septiembre especifica que el dinero desembolsado por las arcas públicas –al menos desde julio a la fecha– se hace en calidad de aportes de capital, precisando algo que hasta ese momento no estaba aclarado. Esto allanaría el camino para que el Estado pueda acrecentar su participación eludiendo un acuerdo oneroso con sus actuales socios privados.

Los accionistas españoles insisten en que puede haber fumata si se nombra a un tercer tasador que laude entre el valor negativo de 622 millones de dólares que asignó a las dos líneas aéreas el Tribunal de Tasación de la Nación y el positivo de 350 millones de dólares promedio que calculó el Crédit Suisse, contratado por ellos. Una alternativa que el Gobierno considera inviable ahora, a pesar de que está contemplada en el acta acuerdo que Planificación firmó en julio con Marsans. “¿A qué le tienen miedo?”, desafía Molina, vocero del grupo hispano y hasta hace poco de la empresa, para quien “cualquier otra cosa sería una expropiación encubierta”.

Si aquel no es el camino, Marsans amenaza con ir al Ciadi, tribunal arbitral del Banco Mundial. Ahí explicaría cómo el Gobierno hostigó a los inversores españoles retaceándoles tarifa y animando a los gremios con medidas de fuerza que la resintieron. La advertencia no amedrenta a nadie en los despachos oficiales, donde se descuenta que no será fácil invocar un tratado de protección por inversiones que a los españoles les costará probar.