Dicho llanamente: Eduardo Duhalde suspendió ayer las elecciones internas que Carlos Menem convocó para el 15 de diciembre. La declaración de guerra se completará el próximo martes durante la celebración de un congreso nacional extraordinario del PJ, que además de fijar el nuevo cronograma electoral renovará las autoridades de la actual junta fiscalizadora-hegemonizada por el menemismo– al entender que ha caducado su mandato.
En su estrategia de aislar al ex presidente, y así obligarlo a la negociación, Duhalde contó con el respaldo del eje Buenos Aires-Santa FeCórdoba, los principales distritos electorales del país.
En otras palabras, si Menem insiste en hacer la interna a su manera no tendrá con quién competir, ni a quién vencer, y muy difícilmente pueda arrogarse la sigla y los símbolos del Partido Justicialista.
El golpe de efecto se gestó en la “mesa chica” del Congreso, la máxima autoridad partidaria, que desautorizó todo lo resuelto por el ex presidente en la última reunión del Consejo del PJ. De la jugada participó una comisión reducida integrada por Carlos Reutemann, José Manuel De la Sota, Carlos Juárez, Jorge Busti y Cristina Fernández de Kirchner.
Todos pusieron su firma en un acta lo suficientemente cuidadosa y a la vez sobradamente explícita como para no cerrar los canales de diálogo con el menemismo, pero dejando en claro que los tiempos de la interna los manejará Duhalde. Por eso, se especula que hasta el martes 29, fecha estipulada para el congreso extraordinario en Parque Norte, los teléfonos arderán.
Ese día será Duhalde el que esté al frente del acto y no Reutemann ya que ayer se informó que la renuncia planteada por el actual mandatario al cargo partidario nunca fue aprobada por el cuerpo. Verdadero o falso, es tanto el interés del mandatario de recuperar protagonismo como el del gobernador santafesino de mantenerse equidistante del enfrentamiento entre los eternos rivales del PJ.
Formalmente, el acta rubricada en la sede de la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), expresa: “se hace saber al Consejo Nacional del Partido Justicialista y Junta Electoral partidaria actuante que deberán suspender todos los términos y plazos del cronograma electoral”. Es decir, que además de bajarle el pulgar a la interna del 15 de diciembre, también se da por “caduca” a la junta electoral de sesgo menemista, ya que diez de sus 14 integrantes responden al ex presidente.
De acuerdo a lo acordado por la “mesa chica”, el nuevo cuerpo fiscalizador de los comicios estará conformado, en partes iguales, por representantes de cada uno de los candidatos que decida participar de la competencia.
Menem acusó el golpe y su decisión de romper el diálogo con el Gobierno no duró ni un día. A tal punto que la ausencia de sus representantes en la mesa chica del congreso partidario apenas fue simbólico: Eduardo Bauzá y otros operadores del menemismo no dejaron de cruzar llamados telefónicos para saber lo que allí se resolvía.
“Las negociaciones están encaminadas. Seguimos conversando con todos los sectores”, señaló a Página/12 un conciliador José Pampuro. El secretario General de la Presidencia es uno de los hombres clave del Gobierno en las negociaciones con los candidatos. En la aventura lo acompaña el secretario Privado, Juan Carlos Mazzón.
Anoche no pararon los llamados cruzados entre menemistas y funcionarios del Gobierno. Después de expresiones vehementes, los acólitos del ex presidente bajaron raudamente el perfil hasta homogeneizar una respuesta. La más engorrosa: judicializar, como si fuera poco, la pelea partidaria, pidiendo la impugnación del congreso nacional. La que menos le convence, pero resulta irremediable: seguir con las ardorosas negociaciones que le impone el duhaldismo. Algunos dicen que la puja podría posponerse finalmente para el 22 de diciembre. Otros para los primeros días de enero. Ninguna de las dos alternativas parece convencer a Duhalde. El Presidente no tiene candidato y sabe que su poder comenzará a licuarse apenas se conozca el ganador de la interna.
Hasta el propio De la Sota está analizando la posibilidad de dar por finalizada su licencia como gobernador de Córdoba, y retomar las riendas de la provincia, temiendo que la interna siga demorándose. Argumentos le sobran: ayer se habló de un inminente fallo judicial declarando la inconstitucionalidad de las generales del 30 de marzo. Sin ellas, muy difícilmente prosperen las internas.