Todos los días en el país se tiran toneladas de alimentos en buen estado. No es un absurdo. Se hace porque el Código Alimentario, a través de la ley 18.824, impide que sean donados. En el área metropolitana, diez barrios están reclamando ahora un permiso especial para entrar a buscar parte de esa comida a uno de los basurales administrados por el CEAMSE en José León Suárez. Hicieron marchas, cortaron rutas y denunciaron en Página/12 y en distintos medios que por las noches cuando intentan entrar para llevarse los alimentos son perseguidos por la policía y la vigilancia privada.
Con las protestas consiguieron un primer pacto de compromiso del CEAMSE, que ahora gestiona una entrega de alimentos para evitar el avance de estos grupos cada vez más numerosos sobre los basurales. Este diario consultó sobre este tema a voceros de los supermercados que arrojan comida apta para el consumo humano: “Lo gráfico así –dijeron en una importante cadena–: tirar un sólo kilo de harina al basural porque una ley lo indica para nosotros es inmoral”.
La presunta inmoralidad está definida por dos aspectos: el Código Alimentario y las 500 personas del partido de San Martín y alrededores que reclaman la basura para alimentarse.
El CEAMSE, la empresa del Estado encargada de velar por la disposición final y el tratamiento que reciben los residuos de la Ciudad de Buenos Aires y de gran parte del Conurbano, recibe todos los días toneladas de residuos domiciliarios y toneladas también de otros desechos: los industriales. Entre esa carga hay productos en mal estado y vencidos, pero también están aquellos definidos por el Código Alimentario como “productos frescos” y que no se pueden donar.
“Los productos frescos son aquellos derivados de los lácteos o verduras, los tiramos cuando están vencidos o están con el packaging en mal estado”, explica ahora con estricto pedido de reserva de identidad uno de los voceros de la cadena de supermercados.
El packaging en mal estado es una definición demasiado amplia. Incluye paquetes abiertos o mal cerrados y por lo tanto expuestos a la incidencia de agentes contaminantes del medio ambiente. Pero también figuran paquetes con una palabra mal escrita, problemas de tonos en la gráfica, un sello mal impreso: todas esas son variables que impiden que el producto se venda en las góndolas. “Estamos legalmente inhibidos para donar alimentos de este tipo –continúa la fuente–; repetimos las consultas en los últimos meses y nuestro departamento legal volvió a encontrarse con la misma ley que está funcionando como una traba.”
Marta López Barrios es directora de Seguridad Alimentaria de la Ciudad de Buenos Aires. Ella recuerda en cambio aquel aspecto que está protegiendo el sistema de leyes vigentes: “Si un producto no está en condiciones para ser vendido –dice– tampoco lo está para ser donado”.
En esa discusión intervienen ahora los habitantes de Elena Cárcova de San Martín, uno de los diez barrios que están detrás del reclamo. “A mí me dicen que los productos están en mal estado –dice Carlos– ¿y cómo me explican entonces cómo hicimos para que no nos pase nada en los quince años que llevamos comiendo del basural?” Es que a pesar de las prohibiciones, los basurales monitoreados por el CEAMSE fueron siempre uno de los recursos usados por los barrios más pobres de la Provincia en las épocas de crisis. Así sucede en San Martín y ocurre en González Catán y en Villa Domínico, lugares donde el CEAMSE necesitó reforzar la custodia en los últimos meses para impedir el paso de la gente.
Durante las últimas semanas, en José León Suarez se organizaron cortes de ruta en la Autopista del Buen Ayre y manifestaciones para conseguir el permiso especial para entrar. Al reclamo se sumaron representantes de las Asambleas de Palermo y de Saavedra. Esa alianza permitió que sus demandas cruzaran la frontera de la Capital. Lidia Quinteros una de las habitantes del barrio, conocida por su rol de delegada en el Tren Blanco de los cartoneros, se reunió por este tema con representantes del CEAMSE y de la policía bonaerense encargada de custodiar el lugar. En ese contexto, la mujer puso la discusión en otro plano: “Acá queremos no sólo la comida sino usar el lugar para recolectar las cosas que se pueden reciclar”. Está convencida que si el CEAMSE les permite hacer la selección de los productos antes de que sean arrojados a los lugares de entierro, ya nadie necesitaría movilizarse hasta la Capital para recorrer las calles en busca de cartones.
Para muchos la propuesta es un absurdo, pero para otros no. Entre ellos está Eduardo Valdés, uno de los legisladores del PJ porteño empeñado ahora en conseguir una modificación para legalizar el trabajo de los cartoneros. “A mí –dice– me parece justa y más oportuna que nunca la idea de que el CEAMSE habilite una planta de selección de basura in situ donde puedan trabajar quienes hasta ahora no pueden hacerlo.”
En los últimos días y después de las marchas donde los cartoneros denunciaron a los empleados de seguridad, el CEAMSE aceptó formar una suerte de mesa de diálogo con delegados de estos barrios. “Les ofrecimos gestionar ante distintas entidades la entrega de unos 3 mil kilos de alimentos por semana”, indicó un vocero del organismo. Pero la gente de San Martín no aceptó. En un comunicado firmado junto a los representantes de las Asambleas explican el motivo: “Era insuficiente (esa cantidad) para distribuir entre los habitantes de diez barrios”. La cantidad que reclaman es otra: 2500 kilos por barrio y por semana. “Pero nuestro reclamo principal –dijo Lidia– no son los alimentos sino acceder al lugar como fuente alternativa de trabajo.”