Los “fondos buitre” son inversores que compran bonos, de empresas o Estados, cuando cotizan por el suelo debido al riesgo de default o incluso cuando la cesación de pagos ya se concretó. Luego se niegan a aceptar cualquier oferta de reestructuración que implique una quita sustancial y entablan una demanda judicial por el valor nominal de esos bonos y los intereses devengados. En el caso argentino, por ejemplo, algunos inversores pagaron entre 10 y 15 dólares por cada papel de deuda pública que decía 100 dólares y si la estrategia es exitosa podrían recibir ese ciento por ciento, más las demás compensaciones que surjan de la sentencia. No cualquiera se puede dar el lujo de emular a las “aves carroñeras”, porque las demandas judiciales son muy costosas y suelen tardar varios años en resolverse. Los que apuestan en este terreno son inversores millonarios, avezados en maniobras especulativas y mucho más peligrosos que esos inocentes pajaritos con los que se los compara.

La mayoría de los reclamos de los “fondos buitre” se han venido canalizando a través de los tribunales de Nueva York porque el país aceptó esa jurisdicción en las cláusulas de emisión de los bonos de la deuda. Entre los que litigan contra el Estado argentino se destacan los fondos EM Limited, NML Capital (máscara del fondo de inversión Elliot Associates), Old Clastle Holding, Lightwater Corporation, DCA Grantor Trust, Aurelius Capital Partners, Blue Angel Capital, Applestein y Macrotecnic. Estos inversores se han pasado los últimos siete años tratando de encontrar la forma de poner al gobierno argentino contra las cuerdas para forzarlo a negociar.

En septiembre de 2003, el juez estadounidense Thomas Griesa, quien tiene a su cargo las demandas presentadas en Nueva York, condenó al Estado argentino a pagar 595 millones de dólares, más los intereses devengados, al fondo EM Limited, propiedad del estadounidense Kenneth Dart. Este empresario tiene en su currículum enfrentamientos con los gobiernos de Brasil y Ecuador durante la reestructuración de sus respectivas deudas públicas, disputas con su hermano mayor por la herencia familiar y hasta rebeliones fiscales con exilio incluido.

De hecho, para evitar el pago de impuestos, Dart se fue a vivir a las Islas Cayman. También obtuvo las nacionalidades de Irlanda y Belice, dos países que otorgan ventajas impositivas a sus ciudadanos. La ciudadanía de Belice le sirvió para impulsar un pedido curioso. En 1995, el gobierno local realizó una solicitud formal ante el Departamento de Estado de Estados Unidos para abrir un consulado en Sarasota, ciudad donde Dart vivía antes de fugarse del fisco. El embajador de Estados Unidos en Belice les informó a sus superiores que Dart estaba detrás de aquel pedido, pues tenía por objetivo vivir en ese consulado cumpliendo responsabilidades “comerciales y financieras”. Esa trampa le hubiera permitido vivir en Estados Unidos sin pagar impuestos, pero el Departamento de Estado rechazó la propuesta al argumentar que Belice ya tenía un consulado en Miami.

El gobierno argentino no pagó la deuda que reclamaba Dart y en febrero de 2004 Griesa lo habilitó, luego de algunas postergaciones, a solicitar embargos contra la Argentina, junto a otros tres fondos. Ese mismo mes, el fondo NML Capital, quien lleva adelante un juicio por 172 millones de dólares, logró que jueces de Maryland y de Columbia embargaran todos los bienes que el Estado argentino posee en Washington, salvo la sede de la embajada. Las inhibiciones incluyeron la residencia del embajador, la sede de la misión permanente ante la Organización de Estados Americanos, la residencia del embajador ante ese organismo y las sedes de las agregadurías del ejército, la fuerza aérea y la marina, entre otras. En marzo de 2005, NML fue más allá y consiguió que Griesa embargara bonos argentinos en default por 7 mil millones de dólares, en un intento desesperado por tratar de frenar el proceso de reestructuración de la deuda con el resto de los acreedores, medida que finalmente quedó sin efecto. NML es propiedad del fondo buitre Elliot Associates que llegó a perseguir durante diez años al gobierno del Congo hasta lograr que le pagaran una deuda impaga.

En marzo de 2005 se anunció que la oferta argentina de reestructuración había logrado la adhesión del 76,15 por ciento. Sin embargo, los buitres no se resignaron y continuaron buscando la manera de presionar para que el gobierno aceptara negociar con ellos. De hecho intentaron embargar los fondos del Banco Central que el gobierno de Kirchner utilizó para cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional.

En septiembre del año pasado, EM y NML lograron que Griesa embargara 72 millones de dólares pertenecientes al Banco Nación. El 29 de octubre, tras conocerse el proyecto del gobierno de eliminar el sistema privado de jubilaciones, el juez fue más allá y congeló 553 millones de dólares que administraban las AFJP. Fue por pedido de los grupos Aurelius Capital Partners y Blue Angel Capital. El 1º de noviembre sumó al embargo otros mil millones de dólares, también de las AFJP. En abril de este año, un error en el giro de fondos a la embajada argentina en Francia permitió que el NML también lograra congelar momentáneamente esos fondos. Los “buitres” también intentaron embargar los bienes de Aerolíneas Argentinas, argumentando que la empresa ahora es propiedad del Estado. Fue un pedido de Light Water y Old Castle, dos fondos con sede en las Islas Cayman. Sin embargo, en ese caso el juez Griesa rechazó el pedido, argumentando que “la compañía aérea es un instrumento independiente de la República, no es un alter ego del país”.