El repudio fue unánime y contundente. “Si en los últimos tiempos, cada día nos hemos despertado con un despropósito mayor que el día anterior, esta propuesta ha colmado todas las medidas de lo abominable”, aseguraron las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, las Abuelas de Plaza de Mayo y los Familiares de Desaparecidos. “Para combatir a la delincuencia se necesita la decisión política de someter a juicio a los gobernadores corruptos, los banqueros y empresarios rapaces y a genocidas y torturadores”, dijo el abogado Rodolfo Yanzón, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Todos los organismos de derechos humanos coincidieron en rechazar la intención de Carlos Menem y sus seguidores de modificar las leyes de Defensa y Seguridad Interior para que los militares estén autorizados a “combatir la delincuencia”.
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Víctor Abramovich afirmó que “quienes impulsan la actuación de las Fuerzas Armadas en el ámbito de la seguridad interior no tienen ni política para la seguridad, ni política para la defensa nacional. No han pensado seriamente cómo proteger a los derechos ciudadanos, ni cuál debe ser el rol de las instituciones castrenses en el sistema democrático”. El director ejecutivo del organismo de derechos humanos explicó que “las leyes de Defensa y Seguridad Interior expresan una de las pocas políticas de Estado de la reciente historia argentina. El año pasado al discutirse la Ley de Inteligencia, las principales fuerzas políticas ratificaron la vigencia de la separación tajante entre seguridad interior y defensa nacional”.
“Como la protesta va a crecer, van a querer sacar a los militares a la calle para reprimir. En vez de dar comida y trabajo usan la excusa de la delincuencia para reprimir la protesta que surge para enfrentarse a la lógica de este sistema genocida”, aseguró José De Lucca, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. También la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y de Amnistía Internacional rechazaron la iniciativa menemista. Desde el primer organismo, Adriana Calvo repudió que los militares intervengan en seguridad interior porque “van a hacer lo que siempre hicieron: torturar, secuestrar, matar” Y además, exigió “la anulación definitiva de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final para que todos los genocidas vayan a la cárcel”. Sergio Di Gioia, director de la sección argentina de Amnistía Internacional recalcó que “la experiencia de Amnistía es que cuando las Fuerzas Armadas intervinieron en seguridad interior en Latinoamérica se terminó en violaciones sistemáticas y masivas de los derechos humanos”.
“¿Acaso Carlos Menem quiere que se repita el baño de sangre y dolor que sufrió el país entre 1975 y 1983? ¿Cuántos votos cree que va a ganar por esto? ¿Ha pensado en cuánto repudio habrá de cosechar también?”, se preguntaron las Madres, Abuelas y Familiares.