La jueza de Garantías de Morón, Mónica López Osornio, “ha otorgado todo lo que hemos pedido”. Así, sin estridencias, el fiscal general de Morón, Federico Nieva Woodgate, celebró la resolución judicial por la cual el padre Julio César Grassi fue procesado por la comisión del delito de abuso deshonesto agravado en concurso ideal con el de corrupción de menores agravada. Con respecto a la libertad con restricciones otorgada al sacerdote, Nieva Woodgate señaló que se trata de una de las “medidas de coerción” previstas en el Código Penal. No obstante, abrió un interrogante sobre cómo se garantizará que Grassi no esté a solas con menores, una de las prohibiciones impuestas por la jueza. “Esa es la gran incógnita”, opinó en una entrevista con Página/12, en la que analizó la resolución de la magistrada y detalló cómo seguirá la causa.
–¿Cómo interpreta que la jueza no haya dictado la prisión preventiva como pidió la fiscalía?
–Lo que se pidió es lo que genéricamente el Código Penal llama medidas de coerción, que son la aprehensión, la detención, la prisión preventiva, la prisión preventiva morigerada y la alternativa a la prisión preventiva. Pedida una medida de coerción, el juez puede denegarla u otorgarla. En este caso, la jueza la otorgó. Lo que se pidió fue que se resolviera si se habían cometido varios delitos. La jueza resolvió que se han cometido delitos, la mayoría de los enumerados por la fiscalía. Sólo excluyó a dos.
–¿Cuáles son los delitos que se le imputan?
–La jueza considera que Grassi probablemente es el autor de dos hechos de abuso deshonesto agravado, en perjuicio del joven identificado como Gabriel. Los dos hechos en perjuicio de Gabriel, y otro relatado por el muchacho conocido como Ezequiel, considera que constituyen corrupción de menores agravada por la condición de guardador de Grassi.
–¿Qué diferencia hay entre abuso deshonesto y corrupción de menores?
–El abuso deshonesto es lo que la reforma al Código llama ahora abuso sexual. Es un delito contra la libertad sexual. Se protege que la víctima pueda decidir por sí mismo cuándo, cómo y con quién tener relaciones sexuales. La corrupción de menores, en cambio, es un delito contra la salud sexual. El abuso deshonesto es un delito de resultado: hay un contacto físico. La corrupción de menores no requiere que se produzca, castiga los actos que pongan en peligro la salud sexual. No hace falta corromper.
–¿Cuáles hechos descartó la jueza?
–Un tocamiento de la pierna de Ezequiel y las amenazas que dijo que había sufrido él para que no abriera la boca porque si no lo iban a echar de la Fundación Felices los Niños. De todas formas, el monto de la pena no cambió al excluirse estos dos hechos: sigue siendo más de 30 años de prisión si se lo encuentra culpable.
–¿Cómo se entiende que la jueza considere al padre Grassi como probable autor de los delitos contra los menores y le permita ir a la fundación y estar con los chicos?
–La jueza dice que no es necesario imponerle prisión preventiva pero le fija conductas obligatorias y conductas que no puede hacer: no puede estar a solas con un menor en ninguna parte.
–¿Cómo se va a controlar que realmente cumpla con esa indicación?
–Esa es la gran incógnita.
–¿Cómo sigue el caso?
–Habrá que esperar a que termine la recepción de la prueba y se complete la investigación para realizar el requerimiento de elevación a juicio oral. El plazo para eso es de 4 meses desde la aprehensión, con posibilidad de extenderlo por dos más. Ya pasó un mes, con lo cual, quedan de 3 a 5 meses más. Cuándo llegue a juicio, dependerá de qué tribunal sea asignado, de las pruebas que pidan las partes para que se hagan antes de la audiencia. En un principio, con un trámite normal, podría estarcompleto el procedimiento el año que viene. Si la defensa impone trabas, como vino haciendo hasta ahora, puede durar cualquier cantidad de tiempo.
–¿Está conforme con la resolución de la jueza?
–Ha otorgado todo lo que hemos pedido.