Para el juez federal Norberto Oyarbide no existe ninguna duda: el policía-abogado-espía Ciro James fue una pieza central en el espionaje ilegal a Sergio Burstein, dirigente de la agrupación Familiares de las Víctimas del Atentado a la AMIA, y al empresario televisivo Carlos Avila. En una resolución que firmó ayer a última hora lo procesó por falsedad ideológica reiterada, violación de secretos y usurpación de títulos, y dispuso su prisión preventiva. Según el magistrado, James es un personaje altamente peligroso y podría contar con “un soporte ilegal tanto de medios humanos como materiales” para fugarse o entorpecer la investigación. También responsabilizó por las escuchas a los policías de Misiones Raúl Rojas, jefe de Homicidios, y Diego Guarda, auxiliar de inteligencia. A ellos los dejó en libertad. En sus conclusiones Oyarbide califica los hechos como “gravísimos”, señala su “trascendencia social” y aclara que no está descartada la participación de “particulares y/o funcionarios de otras carteras”.

En la resolución de 113 páginas, a la que accedió Página/12, Oyarbide sostiene que está totalmente comprobado que Burstein y Avila tuvieron sus teléfonos pinchados ilegalmente en una maniobra acordada y puesta en práctica por James, Rojas y Guarda, quienes los hicieron aparecer como personas ligadas a un prófugo en el expediente sobre el homicidio de un contador. Con ese argumento, los policías le pidieron al juzgado 1 de Posadas que interviniera sus líneas telefónicas. Burstein fue escuchado entre agosto y septiembre, Avila desde marzo. Este empresario, constató la justicia federal, viene siendo escuchado desde 2007 en distintas causas –por ejemplo, por robo– cuatro de ellas de Misiones y otra que tramita en Capital Federal.

Una de las principales hipótesis es que detrás de todo esté el comisario retirado Jorge “Fino” Palacios, con quien James se comunicó 150 veces en los últimos dos meses. El espía y varios testigos dijeron que estaba gestionando su ingreso a la Policía Metropolitana. Las escuchas a Burstein se produjeron cuando él y los familiares de las víctimas de AMIA reclamaban su desplazamiento de la fuerza por participar en el encubrimiento del atentado, un asunto por el que además terminó procesado. En el expediente, además, se detectó que James en los dos últimos meses hablaba permanentemente por teléfono desde adentro del Ministerio de Seguridad Porteño, donde se encuentra –en el cuarto piso– la Metropolitana. Todo hace pensar que ya estaba trabajando allí: hay 290 llamadas donde las antenas de Nextel lo acreditan, según consta en el expediente.

Las pruebas centrales que señala la resolución de Oyarbide contra James y los dos policías son:

- En el caso de Burstein, justo antes de la intervención de su línea, el propio James desde su teléfono le hizo dos llamados de prueba. Inmediatamente se comunicó con Guarda, quien hizo el pedido para la escucha, que fue firmado por Rojas y presentado en el juzgado 1 de Posadas. Ellos mismos van gestionando la prórroga cada vez que se vence la escucha.

- Con autorización del juzgado, a cargo de Horacio Gallardo y en ocasiones subrogado por José Luis Rey, James retiraba los casetes con las conversaciones grabadas de la Dirección de Observaciones Judiciales de la SIDE, en Capital Federal, dos veces por semana. Incluso alegó que necesitaba el material con “urgencia”. Igual que Burstein y Avila, la central de inteligencia aparece como “damnificado” según la resolución.

- James estaba autorizado a retirar las cintas en su carácter de oficial auxiliar cuarto de inteligencia de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal. Sin embargo, señala el procesamiento, había pedido la baja a comienzos de agosto y le fue concedida a comienzos de septiembre porque, como él mismo dijo, iba a entrar a la Metropolitana. Por esto lo acusan de usurpación de título.

- James le manda a Guarda los casetes a través de la empresa de transporte Singer en lugar de hacerlo –como es habitual en estos casos– a través de una delegación de la Policía Federal o de la SIDE.

- Oyarbide señala la gravedad de que tanto James como los policías, con las cintas en su poder y “facultados” para “desgrabarlas”, hayan tenido acceso a las “conversaciones privadas” de Burstein y Avila.

“Está claro aquí que las intervenciones dispuestas resultaron el objeto de una compleja maniobra criminal que involucró a varios funcionarios policiales, de la provincia de Misiones y de la Policía Federal Argentina. Esta afirmación, por cierto, no descarta la eventual participación en los gravísimos hechos que nos ocupan, de particulares y/o funcionarios de otras carteras”, dicen la fundamentación de los procesamientos. Está pendiente, aclara, el análisis de la eventual participación de los jueces en la maniobra.

El juzgado investiga no sólo que hacía James ya desde agosto concurriendo con asiduidad a las oficinas de la Policía Metropolitana sino cuál era su función en el Ministerio de Educación Porteño, donde tenía un contrato desde hacía un año y medio como supuesto asesor legal. En rigor, ninguno de los funcionarios que declaró en la causa, incluido el ministro Mariano Narodowski, supo explicar sus funciones en esa dependencia. Los investigadores rastrean, además, qué hacía James con anterioridad ya que las escuchas a Avila se remontan al año 2007. Todas las hipótesis, explican, están abiertas: no desechan la posibilidad de que haya funcionarios involucrados ni la posibilidad de que se trate de un gran negocio de los policías.

Tanto James como los policías, señala el texto de los procesamientos, cuentan por sus funciones “con una infraestructura tal que les permite llevar adelante maniobras como la investigada”. Dice que James se movía en la “clandestinidad” y recuerda que en su domicilio se encontraron sofisticados equipos para hacer espionaje. Incluso está documentado por sus llamados telefónicos –agrega– que “tenía vínculos con empresas dedicadas a la seguridad privada, como así también con personas allegadas o pertenecientes a fuerzas de seguridad”. Esas razones y el hecho de que cuando le allanaron la casa ya había desaparecido una CPU clave, determinaron que lo dejen detenido. El delito más grave que le imputan es la falsedad ideológica que, al ser reiterada prevé hasta diez años de cárcel.

Para los tres procesados el embargo es de 10 mil pesos. Todavía queda por resolver la situación procesal del comisario preso Rubén Quintana. Como próximo paso, el juez analizará otras responsabilidades y espera informes sobre a quién más espiaba James.