La Anses presentará en los próximos días un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia para apelar un fallo de la Sala II de la Cámara de Seguridad Social que podría desencadenar una ola de demandas contra el Estado. “Es un tema que nos preocupa mucho”, admitió ante este diario una alta fuente oficial, y reveló que el costo fiscal potencial de seguir en pie la medida es muy elevado: 10.500 millones de pesos. El fallo que apelará el organismo previsional concedió una acción cautelar a un jubilado que reclamaba la actualización de su haber, que de ese modo no deberá esperar los cinco años en promedio que demora la Justicia en resolver planteos como el suyo y cobraría el ajuste en unos treinta días. Esa decisión causó gran revuelo en el Gobierno y despertó fuertes expectativas entre los jubilados que se encuentran en igual condición. Se estima que hay un millón de personas con chances de acudir a la Justicia para pedir una mejora de sus haberes.

El caso en cuestión es el del jubilado Néstor Fernando Capa, que presentó una medida cautelar para exigir el reajuste de sus ingresos sin esperar a la finalización de un juicio –que también inició– para tal fin. Argumentó que no podía aceptar los tiempos procesales normales porque existía “la posibilidad de no hallarse con vida” cuando la Justicia se expidiera. Capa tiene 74 años y los juicios como el suyo demoran entre cinco y seis años en promedio. En su presentación alegó que esos plazos vulneran “los derechos humanos a la subsistencia, a la salud, a la alimentación, a la satisfacción de necesidades básicas, en definitiva, a una calidad de vida digna”.

La Sala II de la Cámara de la Seguridad Social le dio la razón. En un fallo dividido, los jueces Luis Herrero y Emilio Fernández concedieron la medida cautelar y ordenaron a la Anses actualizar el haber de Capa en el término de treinta días. Los camaristas consideraron que “de nada sirve el ajuste de un haber previsional cuando ya no exista quien habrá de recibirlo”. En cambio, la jueza Nora Dorado votó en disidencia porque consideró que Capa percibe una jubilación, “es decir, no se encuentra marginado del sistema” y está en discusión si le corresponde o no algún incremento. Otorgarle una cautelar configuraría “un anticipo de jurisdicción favorable respecto de la decisión final que recaiga en la causa”.

Capa se amparó en el fallo Badaro de la Corte Suprema, que dispuso que entre enero de 2002 y diciembre de 2006 correspondía un aumento de su jubilación del 88,6 por ciento, en función del índice de salarios de los trabajadores activos. En lugar de ello, el Gobierno había concedido a los jubilados que ganaban más de 1000 pesos –como Badaro– dos subas menores: una del 10 por ciento en septiembre de 2004 y otra del 11 en junio de 2006. Eso habilitó miles de juicios de personas que se encontraban en la misma situación que Badaro. En el primer semestre del año fueron unas 60.000, y se acumulan alrededor de 160.000 expedientes que esperan sentencia. Sin embargo, el potencial de demandantes ronda el millón.

Capa es uno de esos 160.000, pero en lugar de esperar decidió acelerar el trámite mediante la solicitud de la medida cautelar. Como se indicó más arriba, el fallo de la Sala II ordenó a la Anses actualizar su jubilación en el término de 30 días. Esta facilidad es la que podría multiplicar las acciones judiciales y eso es lo que preocupa al Gobierno. De allí que en los próximos días elevará un recurso extraordinario a la Corte para tratar de detener el aluvión. El cálculo que espanta al Ejecutivo es el del costo fiscal potencial, de 10.500 millones de pesos.

Pese a las expectativas de miles de jubilados por imitar a Capa –el pedido de la cautelar pueden presentarlo quienes ya iniciaron un juicio de actualización de haberes y quienes todavía no lo hicieron–, el especialista Guillermo Jauregui recomendó no alentar falsas ilusiones. Advirtió que el propio Capa tardó un año y medio en conseguir la medida cautelar y que existe el riesgo de que algunos tribunales suspendan mientras tanto el juicio sobre el fondo de la cuestión. Eso no haría más que demorar los trámites, en lugar de acelerarlos, en caso de que finalmente la presentación sea rechazada. En diálogo con este diario, Jauregui también alertó que hasta el momento sólo la Sala II de la Cámara de la Seguridad Social aceptó el recurso de la medida cautelar, pero en la Sala III ya adelantaron que la rechazarán y en la Sala I el panorama es indefinido. “A eso se suma el riesgo de que la Corte falle en contra”, apuntó.

La zanahoria de imitar a Capa para los jubilados que se encuentran en igual condición es tentadora. Pueden aspirar a mejoras en sus ingresos del orden del 50 por ciento. Sin embargo, en este punto Jauregui también llamó a la cautela. Capa, por ejemplo, consiguió una actualización de sólo 32 pesos –de 1406 a 1438–. “Hay que estudiar cada caso con detenimiento. Primero que no es tan fácil lograr la cautelar, y segundo que se corre el riesgo de demorar las causas en lugar de acelerarlas”, indicó.