Una funcionaria del gobierno de Santiago del Estero denunció penalmente a tres activistas por los derechos de las mujeres de la provincia, por haberle informado a la familia de una niña muy humilde de 14 años –que había sido violada– que tenía derecho a un aborto no punible. La presentación fue promovida por la titular de la Dirección de Infancia, Adolescencia y Familia (Dinaf), Celia Rosales, quien pidió que se investigue la posible comisión de un delito por parte de Cecilia Canevari, profesora e investigadora de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, de la abogada Miriam Nallar y de Jorgelina González Russo, todas ellas integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La Dinaf intentó abiertamente convencer a la niña y a su familia de que siguiera adelante con la gestación y diera a la criatura en adopción.

La denuncia contra las tres activistas está siendo investigada por la fiscal del Crimen de 5ª Nominación, María Eugenia Carabajal. Rosales depende del jefe de Gabinete de la provincia, Elías Miguel Suárez, el principal operador político del gobernador Gerardo Zamora (radical K). Desde un principio, cuando se conoció públicamente el caso de la niña oriunda de Villa Silípica, un pequeño pueblo a 40 kilómetros de la capital provincial, la Dinaf intervino con una posición clara en contra de que interrumpiera voluntariamente la gestación forzada, según pudo saber Página/12 de fuentes gubernamentales. El caso –sobre el que informó oportunamente este diario– salió a la luz a comienzos de marzo, casi simultáneamente a los pedidos de aborto no punible de las dos chicas de Comodoro Rivadavia.

“Es un claro hostigamiento. Es la primera vez que sucede que una directora de un organismo oficial lleva adelante una denuncia de esta naturaleza. Como si dar a conocer a una persona los alcances de sus derechos fuera un delito. Es evidente que desconoce cómo trabajan las organizaciones de la sociedad civil. Es realmente inadmisible”, opinó Silvia Borsellino, también docente de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de Educación para la Salud de la UNSE y directora ejecutiva del Foro de Mujeres del Sur.

El 10 de marzo, Canevari, Nallar, González Russo y una cuarta integrante de una organización de mujeres de la provincia concurrieron hasta la casa de la niña que, según se había publicado en los medios días antes, estaba embarazada producto de los abusos sexuales a los que la sometía un familiar, que sería primo hermano de la madre. Una hermana de 13 años también había sido víctima de los ataques sexuales, de acuerdo con la denuncia judicial, que recayó en el Juzgado del Crimen de la 3ª Nominación a cargo de Darío Alarcón. Se trata de una familia muy humilde, de campesinos, que desconocían los alcances del artículo 86 del Código Penal, que contempla los permisos para abortar.

La niña dijo desde el primer momento ante la Justicia y ante la Dinaf que quería interrumpir el embarazo, y sus padres acordaban plenamente con esa decisión. Se referían a “eso que le han metido a mi hija” con gran desprecio.

“Cuando la fuimos a ver, hablamos con el papá y la mamá y les explicamos que su hija tenía derecho a un aborto no punible en un hospital público. Nadie se los había dicho hasta ese momento, a pesar de que estaban en contacto con la Dinaf y habían denunciado la violación en la Justicia. Cuando la niña expresó que no quería seguir con el embarazo, el juez Alarcón la había atemorizado, nos dijo la mamá, porque le había dicho que él no se hacía responsable si la nena moría por un aborto. Le ofrecimos que fuera al Hospital Regional Ramón Carrillo, de la capital provincial, para realizarse estudios, algo que todavía no le había ni siquiera propuesto la Dinaf. La mamá sabía que el embarazo llevaba 18 semanas por una ecografía que le había hecho a su hija, pero que se la había quedado la Dinaf. Incluso la llevaron a hacérsela a un centro privado y le hicieron pagar el estudio a la familia. A la nena no la vimos. Ni siquiera le conozco la cara”, contó a Página/12 Canevari, quien forma parte del Consorcio Nacional de Derechos Sexuales y Reproductivos (Conders), una red de más de medio millar de organizaciones y personas que monitorean en distintas provincias las acciones previstas en la Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Entre sus integrantes y fundadoras se encuentra la epidemióloga Mabel Bianco.

El caso trascendió ampliamente en los medios locales. “La Dinaf siempre trató de convencer a la madre de la niña para que siguiera con el embarazo y que en última instancia diera después la criatura en adopción”, indicó Canevari. Enterado de la presión que se estaba ejerciendo sobre la niña, el director provincial de Maternidad e Infancia, César Nelly, decidió personalmente ofrecerle una consejería imparcial y no sesgada a la niña y a su madre sobre las opciones que tenía frente a la gestación forzada. Y la atendió él mismo en el Hospital Regional.

Después de recibir la información, la familia decidió que la niña se sometería a un aborto no punible. Pero luego cambió de parecer y anunció que continuaría con el embarazo. Ya está de 23 semanas. “Lejos de respetar el interés superior de la niña, se creó un cerco de contención para que continúe su embarazo; es así que recién llega a un servicio de salud pública un mes después de hacer la denuncia y gracias a la intervención del director de Maternidad e Infancia”, señaló Canevari.

El caso tuvo un giro inesperado cuando la titular de la Dinaf promovió la denuncia contra las tres activistas. “Básicamente fuimos a decirle a la madre que tenía un derecho. Ese derecho a la información la Dinaf se lo negó. Es el organismo encargado de proteger a las niñas y niños, pero a esa niña no la protegieron”, señaló la abogada Nallar. Según informó el diario El Liberal de Santiago del Estero, el 25 de marzo, en adhesión a la celebración del Día del Niño por Nacer, representantes de la Dinaf participaron de una “Marcha por la vida” organizada por las Escuelas Pías en la localidad de Quimilí, que pasó por la parroquia Santa Rosa de Lima y el Hospital Zonal Bernardo Houssay, durante la cual los alumnos mostraron pancartas en contra del derecho al aborto.