No es poco lo que está en juego: la posibilidad de que Fernando de la Rúa sea el primer ex presidente que tenga que responder ante la justicia penal por los cinco asesinatos del 20 de diciembre de 2001. Hasta ahora logró postergarlo, aunque no impedirlo definitivamente. Pero a partir del lunes tendrá abierta la posibilidad de acudir a la Corte Suprema para cuestionar la decisión de la Cámara Federal que en julio ordenó a la jueza María Servini de Cubría indagarlo, junto a su ex ministro Ramón Mestre, por las muertes de aquella masacre. Pero deberá hacerlo “en queja” porque ese tribunal rechazará el recurso extraordinario presentado por sus abogados. El ex presidente planteó que es inadmisible que lo sometan a la “mortificación” de un proceso penal. Los camaristas le responderán que en un estado de derecho es un valor republicano que dé explicaciones de sus actos, más aún cuando se trata de la muerte de cinco ciudadanos.
La causa que investiga la sangrienta represión ordenada por el gobierno de la Alianza antes de abandonar el poder está dividida en dos sumarios. La jueza Servini de Cubría analiza las intervenciones de los máximos responsables funcionariales y políticos, y delegó en los fiscales Luis Comparatore y Patricio Evers la pesquisa sobre los ejecutores materiales. De la Rúa negó toda responsabilidad por los hechos, pero su ex secretario de Seguridad Enrique Mathov reconoció haber ordenado al entonces jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, que despejara la plaza para proteger la Casa de Gobierno. Santos fue detenido en febrero como supuesto autor mediato de los delitos cometidos por sus subordinados, mientras que Mathov se entregó el 1º de marzo y fue preso. En julio la sala I de la Cámara Federal confirmó los procesamientos del comisario inspector Orlando Oliverio y de los policías Ariel Firpo Castro, Carlos López y Eugenio Figueroa por la muerte de Alberto Márquez y las lesiones de Martín Galli. También procesaron al subcomisario Omar Bellante, al militar Jorge Varando por la muerte de Gustavo Benedetto, frente a la sede del Banco de Hong Kong y Shanghai (HSBC). Varando y los otros cinco policías permanecen detenidos. Los camaristas Horacio Vigliani y Gabriel Cavallo revocaron la prisión preventiva de Santos y Mathov, quienes recuperaron su libertad pero siguen procesados como autores de homicidio culposo.
En aquella resolución habían señalado la necesidad de que De la Rúa y Mestre fueran interrogados como sospechosos de los homicidios ocurridos en las calles del microcentro, cuando la policía reprimió con balas de plomo la rebelión popular. Servini sólo los había indagado por la presunta ilegalidad de las 29 detenciones realizadas en el marco del estado de sitio y les dictó falta de mérito por ello. Pero nunca les preguntó por las muertes y las lesiones graves que sufrieron más de 200 manifestantes. Los abogados de De la Rúa y Mestre presentaron un recurso extraordinario ante la Cámara para acudir a la Corte Suprema y a la Cámara de Casación con el objetivo de cuestionar la indagatoria ordenada por los camaristas. El lunes, durante el último acuerdo del año, la sala I mantendrá su posiciónargumentando que si el llamado a indagatoria de un juez no puede ser apelado con un “recurso ordinario”, menos aún con uno “extraordinario” como el que presentaron los abogados del ex presidente y del ex ministro. Esos defensores habían criticado el fallo de la Cámara porque, según ellos, el razonamiento de los camaristas impide reprimir y gobernar. Vigliani y Cavallo insistirán en que los ex altos funcionarios no pueden negarse a dar explicaciones por sus actos de gobierno. La jueza Servini no había acatado la orden de la Cámara hasta que no estuviera resuelta esta situación. “No era un argumento válido antes y tampoco lo es ahora para postergar la ejecución de una medida ordenada por su superior”, comentó a Página/12 una fuente judicial sobre la actitud de Servini.