Tras el fallo de la Corte Suprema que revocó la medida cautelar de la Justicia mendocina, que suspendía la ley de servicios audiovisuales, lo único que impide que la norma recupere vigencia es otra cautelar, que había firmado un juez de Salta. Como este caso está ahora bajo revisión de la Cámara Federal salteña, la Procuración del Tesoro –el cuerpo de abogados del Estado– le presentó ayer un pedido para que se expida sin demoras y que lo haga de acuerdo con los señalamientos de los jueces supremos. El fallo de la Corte advirtió que ningún juez puede suspender una ley de modo general, en todos sus efectos, y que los legisladores no están legitimados para pedir la revisión judicial del proceso de sanción de una ley en cuyo debate no lograron imponer su postura. Permitirlo, decía la resolución, pondría en peligro la vigencia de todas las leyes. Los camaristas de Salta estarían próximos a resolver y lo lógico es que lo hagan ajustándose a los señalamientos del alto tribunal.