A pesar de que la Cámara Federal ratificó el procesamiento del jefe de Gobierno, Mauricio Macri, el titular del bloque de diputados nacionales de PRO, Federico Pinedo, presentó ayer una ampliación del pedido de juicio político contra el juez Norberto Oyarbide, en el marco de la causa por las escuchas ilegales. Según el escrito presentado ante el titular del Consejo de la Magistratura, Luis María Cabral, el fallo del tribunal “abona” la teoría macrista de que el juez “dispuso los procesamientos en base a indicios y presunciones, antes que por la eficaz investigación de los hechos”. Además, el PRO salió a reclamar ayer que se ponga en funcionamiento la Comisión de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia del Congreso nacional.

La voluntad del macrismo de ampliar el pedido de juicio político implica una decisión de redoblar la apuesta contra Oyarbide, a pesar de que ya fue respaldado por la Cámara en varias oportunidades, como ser cuando el PRO pidió que se lo aparte de la causa y cuando la semana pasada ratificó el procesamiento del jefe de Gobierno por los delitos de asociación ilícita, abuso de autoridad y violación de secretos. Pero a pesar de que en la conferencia de prensa del lunes Macri señaló como “cómplices” de una operación política de Néstor Kirchner a los tres magistrados que integran el tribunal de alzada, el PRO no realizó ningún planteo ante el organismo encargado de evaluar el desempeño de los jueces.

En el breve texto, de menos de dos carillas, Pinedo adjunta una copia del fallo de Jorge Ballestero, Eduardo Farah y Eduardo Freiler, del cual cita dos párrafos del apartado cinco para fundamentar la solicitúd de juicio político: “De allí no se deriva, sin embargo, que las diligencias propuestas por la defensa no deban hacerse, pues, más allá de lo que se ha visto hasta aquí, es también cierto que algunas cuestiones deban profundizarse, sobre todo cuando es esa parte la que lo solicita para poder ejercer una defensa eficaz”, extrae Pinedo y agrega: “Así como se reclama descubrir al verdadero interesado detrás de las escuchas de Leonardo –por ejemplo en lo que concierne a Franco Macri y a la empresa Ackerman Group–, lo mismo debiera procurarse en relación con las restantes intervenciones”.

De estos dos párrafos, los macristas infieren que el Tribunal de alzada “abona” la versión expuesta en el pedido original de juicio político, donde argumentan que Oyarbide procesó a los funcionarios en base a “indicios y presunciones” antes que por la investigación de hechos concretos. El pedido de PRO se produce en medio del intento opositor en el Congreso por reformar el Consejo de la Magistratura, en el cual aseguran que el kirchnerismo tiene “poder de veto” para salvar a “jueces amigos”.

Por otro lado, el jefe del bloque PRO apoyó la idea lanzada el lunes por Elisa Carrió, de tratar todas las escuchas telefónicas, legales e ilegales, en la Comisión Bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia. Pinedo insistió en que brindará apoyo “a todo lo que sea generar transparencia en el uso de los recursos de inteligencia” para develar lo ocurrido con las escuchas en el Gobierno porteño.

Hasta el momento hay un pedido formal de la CC para que esa comisión, presidida por Irma Adriana García (Peronismo Federal-La Pampa) convoque al titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Héctor Icazuriaga. Sin embargo, fuentes de la CC negaron que el pedido busque analizar las escuchas del macrismo y aclararon que apuntan a los casos nacionales denunciados con anterioridad, ya que el macrigate debería ser investigado por la Legislatura. En el mismo sentido se pronunció el diputado socialista Roy Cortina. “Cualquier investigación que pretenda desarrollarse respecto del funcionamiento general de los servicios de inteligencia no puede convertirse en un obstáculo para que la Legislatura porteña avance en la investigación de la red de escuchas ilegales en la que se atribuye participación al jefe de Gobierno”, apuntó.

El macrismo tiene un solo integrante en esa comisión, la diputada Silvia Majdalani, mientras que la UCR tiene a tres, el Frente para la Victoria a seis; el peronismo disidente tres y la Coalición Cívica una.