No hay medias tintas ante un asesinato relacionado con un conflicto político o social. Una vida menos –la de Mariano Ferreyra– es una medida absoluta y obliga a ejercer responsabilidades precisas. El Poder Ejecutivo Nacional debe impulsar la investigación con todos los medios a su alcance, poniendo énfasis en la exactitud y la eficacia de los resultados.

La empresa pública que controla el Ferrocarril Roca (la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia, que desde 2007 opera esa línea por cuenta y orden del Estado) tiene que hacer transparentes los contratos con las cuatro firmas de seguridad que subcontrata para que esos contratos puedan ser fiscalizados públicamente.

Al Ejecutivo bonaerense le corresponde una profunda investigación interna sobre el comportamiento de la policía. Y algo más: ¿es verdad que agentes privados actuaron ilegalmente y disuadieron a un piquete que hipotéticamente impediría el paso de los trenes?

La Justicia no puede permitirse morosidad alguna. No está en juego la estabilidad democrática, como algunos presuntos defensores del Gobierno habían comenzado a argumentar ayer por la tarde, sino la capacidad de esclarecer, castigar y prevenir.

Y las diferentes instancias dirigentes del movimiento obrero deben ser nítidas en su repudio al asesinato y en su decisión de no amparar a ningún grupo de choque. Es decir, lo contrario del modo en que actuó el secretario general de Unión Ferroviaria, José Pedraza. Emitió un comunicado cuyo último punto decía: “Deslindamos toda responsabilidad en los disparos de armas de fuego que, lamentablemente, derivaron en la pérdida de vidas”. La palabra “lamentablemente” es muy desvaída para un asesinato que, para colmo, el texto de Pedraza no llama por su nombre. Y la palabra “vidas” es inexacta: a las seis de la tarde, cuando la UF difundió el texto, sólo había muerto Ferreyra. Tanta banalidad junta es –en términos políticos, porque de lo penal se ocupa la Justicia– sospechosa. La reacción de Pedraza fue el extremo opuesto de la primera condena franca conocida ayer. Corrió por cuenta del diputado y asesor de la CGT Héctor Recalde. “Sin ningún tipo de especulación, condenamos la violencia”, dijo. “La vida está por encima de cualquier partido.” Pidió blanquear a los trabajadores tercerizados y expresó su “certeza de que Cristina Fernández no va a permitir la impunidad”. El ex presidente Néstor Kirchner y el secretario de la CGT, Hugo Moyano, se expresaron de manera similar. En los máximos niveles del Estado ésa fue, también, el tono de las afirmaciones del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y de la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

Ahora sólo cabe esperar el amplio y veloz arco de resultados.

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