“Las propias fuerzas de seguridad son las que deberían traer detenidos o identificados a los agresores que actúan en las ocupaciones; sin el impulso policial no podemos hacer nada”, respondieron jueces y funcionarios judiciales a las críticas de la Presidenta, quien durante el lanzamiento del Operativo Centinela se quejó de que no están detenidos ni con pedido de captura las personas captadas por la prensa agrediendo a policías, gendarmes y prefectos. En relación con la toma de distintos predios en Capital, hay por lo menos cinco juzgados de diferentes fueros interviniendo. La jueza contravencional María Cristina Nazar tiene a su cargo el expediente, donde se denunció la “usurpación” del Parque Indoamericano y otros dos casos de tomas de terrenos privados y de una calle. A su vez, actúan en esas causas tres fiscales porteños. El juez federal Daniel Rafecas intenta una salida pacífica a la ocupación del Club Albariño, en Lugano. Ariel Lijo es el juez (federal) de la toma de terrenos en Retiro que pertenecen al Onabe. Todos estos magistrados están concentrados en lograr desalojos y facilitar soluciones a los conflictos sociales planteados. En este último caso, también se suma la jueza porteña Elena Liberatori.