Un escalofrío recorrió el cuerpo de varios sobrevivientes de la ESMA cuando se enteraron de que uno de los represores que habían identificado hace tres años pasó a engrosar la larga lista de prófugos. El suboficial retirado Víctor Roberto Olivera, alias “Lindoro”, fue procesado y detenido en la causa ESMA tras ese reconocimiento, pero al tiempo recuperó su libertad por decisión del Tribunal Oral Federal 5. La fiscalía apeló hasta que el planteo llegó a la Corte Suprema, que ordenó que volviera a la cárcel. Ayer, cuando lo fueron a detener, ya no estaba. Lindoro Olivera es quien se había quebrado en su declaración indagatoria y había confesado que hacían desaparecer cuerpos incinerándolos, en lo que llamaban “asadito”, como alternativa a los vuelos de la muerte, cuando las víctimas fallecían en la tortura y no estaba previsto ningún despegue.

“Los sobrevivientes estamos preocupados, los reconocemos, los liberan y se fugan, tranquilamente puede estar en la puerta de mi casa y nadie se entera, esto debería servir para que todos los que excarceló la Cámara de Casación vuelvan a estar presos”, se quejó alarmado Carlos Lordkipanidse, víctima y querellante en la causa ESMA. Al respecto, el coordinador de la unidad fiscal de seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos, Pablo Parenti, explicó que estos casos son más irritativos aún porque represores como Olivera no fueron liberados porque venció el plazo de detención sin sentencia, sino porque no existía, según los jueces, riesgo de fuga. “Hay juicios que se hacen con todos los acusados en libertad, como Rosario o Bahía Blanca, y los testigos entran y salen por la misma puerta que los represores a los que acaban de acusar, o se cruzan con ellos en la esquina, es un problema grave de la administración de justicia para el avance de los juicios”, dijo Parenti a Página/12. El jefe de la Unidad, fiscal Oscar Auat, afirmó que “las excarcelaciones y la prisión domiciliaria son la consagración de la impunidad con ropaje de legalidad”. Auat se comunicó por esta situación con el Programa Nacional de Protección de Testigos. A los querellantes les preocupa que es paciente psiquiátrico.

Osvaldo Barros, Víctor Basterra y Carlos “el Sueco” Lordkipanidse lo habían reconocido en rueda de presos en 2008. Olivera vio pasar los juicios desde su cómoda casa de Pilar, a pesar de integrar una lista de más de 300 sicarios del Estado identificados pero sin imputación judicial. Una denuncia anónima que llegó a HIJOS hizo posible asociar su apodo con su apellido y así terminó preso y habló.