La controversia entre el gobierno nacional y el porteño por la decisión de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, de rescindir los servicios adicionales que prestaba la Policía Federal, tuvo ayer un nuevo capítulo. Desde la Nación se afirmó anoche que en una comunicación telefónica mantenida durante la tarde, la ministra Garré y su par de la Ciudad, Guillermo Montenegro, “establecieron las disidencias en torno del mecanismo de refuerzo de la seguridad pública establecido por el gobierno nacional en la jurisdicción”, dado que se ratificó la decisión de sumar dos mil efectivos en las calles para prevención del delito, manteniendo a rajatabla su decisión de suspender los servicios adicionales que brindaba la Policía Federal. Al mismo tiempo, se dijo desde la Nación que los dos funcionarios “coincidieron (...) en que harán todo lo necesario para mejorar la seguridad”. En el comunicado del ministerio nacional, se minimizó el supuesto problema que se plantearía en las escuelas públicas, dado que “de los 833 establecimientos” existentes en la Capital Federal “sólo nueve” tenían custodia de la Federal. Por esa razón, se advirtió que la ciudadanía “no se debe dejar alarmar”.

Antes de la difusión del comunicado del Ministerio de Seguridad, Montenegro había salido a decir públicamente que no hubo “ningún tipo de acuerdo” con Garré, durante una conversación telefónica que habían mantenido ayer por la tarde. Desde la Nación, en el comunicado conocido anoche, se aseguró que “no obstante” las diferencias respecto del tema de los adicionales, “ambos funcionarios coincidieron en que cada uno, en el ámbito de su competencia, hará todo lo necesario para mejorar la seguridad de los vecinos” y se resaltó que ése es el “objetivo del plan integral de seguridad del gobierno nacional”.

En respuesta a declaraciones realizadas por funcionarios porteños, el Ministerio de Seguridad dijo en relación con las escuelas públicas porteñas que la ciudadanía “no debe dejarse alarmar”. Aseguró en tal sentido que “de los 833 establecimientos públicos que dependen” del gobierno porteño “sólo nueve estaban custodiados por el servicio de ‘policía adicional’ contratado con la Policía Federal Argentina, y deberá ser reemplazado por la Policía Metropolitana en lo sucesivo”.

Respecto del sistema de “corredores de seguridad” en el ingreso y egreso de alumnos de todas las escuelas de la ciudad, se informó que “será cubierto como hasta ahora por las comisarías de cada jurisdicción, sin perjuicio de la contribución que pueda hacer la Policía Metropolitana. En esto nada ha cambiado”. En los hospitales “se mantendrá la presencia del servicio de prevención contra incendios (a cargo del cuerpo de Bomberos de la Policía Federal), ya que la Policía Metropolitana no dispone” de un cuerpo propio en la especialidad. El mismo servicio seguirá vigente en el Teatro Colón y en la Reserva Ecológica.

Fuentes del Ministerio de Seguridad nacional dijeron a Página/12 que el aporte de bomberos no se brindará como adicionales sino como “servicio regular”, de manera que la ciudad no pagaría nada a cambio de la prestación. Por otro lado, se reivindicó la facultad de la ministro Garré de formular las estrategias de la Policía Federal. Por eso se decidió volcar “un total de dos mil efectivos a las calles” para realizar tareas de prevención del delito. Para cumplir con ese objetivo se rescindió el contrato de servicios adicionales con la ciudad.

Como ya informó este diario, la Federal presta adicionales en 800 objetivos de la ciudad de Buenos Aires. El martes dejó de hacerlo en 114 de ellos que involucraban a 1400 efectivos. Una razón adicional de la medida fue que el municipio porteño arrastra una deuda de 20,5 millones de pesos porque adeuda siete meses de servicios. En el ministerio nacional se afirma que los puestos clave de la ciudad se pueden cubrir con apenas 300 efectivos de la Metropolitana. Aunque nadie lo mencionó, al parecer Garré y Montenegro se habrían puesto de acuerdo en algo: en los lugares donde se instalarán más cámaras de seguridad.

Hacia adentro de la fuerza, el ministerio nacional dispuso, para que los efectivos policiales mantengan sus ingresos actuales, abonar un suplemento de mil pesos para todo el que cumpla servicios de calle. Además, se aplicará una asignación extraordinaria para todos los que hacían adicionales. A ellos se les va a pagar lo que cobraban por los adicionales que hacían para la Ciudad y a empresas privadas. Para ello podrán trabajar extras, a razón de seis horas cada 48 horas de servicio. Esto significará una reducción en la cantidad de horas de trabajo. Antes cumplían turnos de diez y doce horas en los adicionales.

Desde la Ciudad, los voceros de Montenegro expresaron su malestar. El ministro Guillermo Montenegro le envió una carta a su par de Nación, por la mañana, solicitando una reunión. Esto fue reforzado por una primera llamada telefónica. Cerca de las cuatro de la tarde de ayer conversaron por esa vía y Montenegro reiteró el pedido de audiencia. “Prometieron una respuesta para la seis o siete de la tarde, pero todavía no llegó.”

El punto en el que insistió Montenegro es que “la responsabilidad primigenia, en la Ciudad de Buenos Aires, es de la Policía Federal”. El vocero informó que desde ayer la Metropolitana asumió la custodia de los hospitales de las comunas 12 y 15. Se trata de los hospitales Tornú y Pirovano. Además, a partir de una orden judicial, pusieron una consigna de la misma fuerza en el Hospital Penna. La función de la custodia en ese lugar es la de “acompañar a las ambulancias que tienen que entrar a la Villa 21”. Los voceros del gobierno porteño confirmaron que el Pirovano tiene custodia de la Metropolitana, pero hoy seguiría el paro convocado por los médicos municipales.