Pese a que Mauricio Macri firmó un documento de la oposición en el que dice que “el efectivo cumplimiento de los fallos” es “un acuerdo pétreo, gobierne quien gobierne”, su gestión no pareció predicar con el ejemplo cuando un juez le ordenó que enviara una ambulancia a la Villa 21-24 para asistir a sus habitantes en caso de emergencias. El ministro de Salud, Jorge Lemus, se resistió durante años a cumplir la orden, aun cuando le congelaron sus cuentas bancarias, lo denunciaron penalmente por “desobediencia” y recibió varios pedidos de juicio político. Peleó para recuperar la Banelco, mientras la ambulancia seguía sin aparecer y se acumulaban casos como el de un joven que murió desangrado. Actualmente, la ambulancia sólo concurre con la custodia de la Metropolitana. “Hace menos de un mes, una chica de 18 años dio a luz en el Cesac 8. La directora llamaba al SAME y el SAME no encontraba a la policía. Siguen llegando tarde”, advirtió el asesor tutelar de la Cámara Gustavo Moreno.

El juez en lo contencioso Roberto Andrés Gallardo ordenó en 2007 a la gestión PRO que enviara una ambulancia al Cesac 35 para garantizar la atención de emergencias. El gobierno macrista se negó, con la excusa de que no podía garantizar la seguridad. El juez reclamó que le asignaran una custodia de la Metropolitana y le dijeron que no tenían suficientes efectivos. El magistrado consiguió que asignaran un policía de la Federal a la custodia del centro de salud y los macristas mandaron un escribano para certificar que estaba sin patrullero. Y volvieron a negarse.

El 8 de abril del año pasado, Gallardo citó a Lemus a una audiencia para que explicara los reiterados incumplimientos. Ante la falta de respuestas, Su Señoría dispuso que se congelaran todas las cuentas bancarias del ministro hasta que enviara la ambulancia. También lo denunció penalmente por desobediencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y envió un pedido de juicio político a la Legislatura. Lemus apeló todo y siguió sin enviar la ambulancia. Para recuperarse de tanto estrés, se fue a Florencia, Italia, a pintar cuadros.

La Cámara de Apelaciones ratificó que el gobierno porteño había incumplido un fallo judicial y lo intimó nuevamente a cumplir el fallo judicial. Finalmente, acordaron que habría una ambulancia lista en el Hospital Penna, con la custodia de la Metropolitana, y garantizaron que estaría en un lapso de “siete a diez minutos”.

En la práctica, ese tiempo nunca se cumplió: Gallardo comenzó a recibir denuncias de los retrasos de la ambulancia. El 21 de abril del año pasado, un joven, Luis Ponce, fue baleado por dos asaltantes y quedó tirado en el suelo. La ambulancia llegó luego de 45 minutos, cuando ya había muerto. A partir de esta denuncia, Gallardo allanó el SAME y secuestró todas las grabaciones de esos días. Allí se encontró con que la demora de la ambulancia se produjo porque los policías no aparecían por ningún lado. En la desgrabación aparecía la conversación por radio de la ambulancia con la operadora:

–Tiene que ir con la Policía Metropolitana –recordaron los de la ambulancia por el handy.

–No hay ninguno –les contestó la operadora.

“La Metropolitana está para cubrir ese móvil, no para hacer los demás auxilios. No estaba en el hospital”, informó luego a un médico, de apellido Pavlosky. Otro de los médicos, enojado, comentó después por la misma vía: “Tengo una orden de Gallardo, que vamos todos en cana”.

En esos días, una joven dio a luz en la calle esperando la ambulancia (escena que se repitió hace un mes). Otra persona denunció que a su hijo lo atropelló una cuatro por cuatro y la ambulancia tardó cuatro horas en aparecer. Al final, lo subieron a otra camioneta y lo llevaron al Hospital Penna. La misma persona contó que a un carnicero lo asaltaron y le dieron una puñalada. Se quedó sentado esperando la ambulancia, que nunca apareció. Fue a buscarlo la morguera.