El legislador porteño Juan Cabandié presentó ayer un proyecto de resolución para que el Ejecutivo porteño informe si el SAME recibió las notificaciones policiales que pedían una ambulancia para atender a Humberto Ruiz en la Villa 31. También pidió que explique los motivos en caso de que no lo hubiera realizado. Si el personal del SAME sufrió agresiones en villas desde el 2008 a la fecha, y si se habían tomado medidas para garantizar el ingreso y la seguridad de las ambulancias. También si había orden de no ingresar a las villas y por qué. El 25 de agosto de 2009, el proyecto 1840-D-2009, presentado por la diputada porteña Gabriela Alegre, adelanta de algún modo la respuesta. Se trató de un pedido de informes luego de que el director del SAME, Alberto Crescenti, había declarado en América Noticias que “no voy a cargar en mi conciencia que la próxima víctima sea un colega, un chofer o un enfermero”, aludiendo a situaciones muy riesgosas que motivaban la orden de no ingresar a las villas. La respuesta fue anecdótica: citaron dos casos, uno en junio de 2007 y otro en mayo de 2009, por lesiones y abuso de armas, pese a que el gobierno porteño aseguró que era una infinidad de situaciones que impedían ser enunciadas por tamaña cantidad.

En abril de 2010, el juez Roberto Gallardo ordenó al ministro de Salud Lemus que encontrara la forma de garantizar una ambulancia en el centro de salud de la Villa 21-24. Lemus jamás cumplió.