Aníbal Fernández, jefe de Gabinete nacional: “Hay que dejar que se avance y, así y todo, si los 55 (cotejos) fueran negativos, no está terminada la situación porque puede suceder que no haya habido todavía la presentación de un familiar como para poder cotejarlo”.

Graciela Fernández Meijide, ex ministra de Desarrollo Social: “El reclamo de los familiares es legítimo, pero la intromisión de un gobierno, sea del signo que fuere, utilizando al Estado en una pelea, es ilegítimo. ONG significa Organización No Gubernamental y sean cuales fueren sus objetivos tienen la obligación, por el compromiso que toman con quienes las apoyan, de vigilar que los gobiernos cumplan lo que les marca la ley, en este caso los derechos humanos. Aquí deberían haber vigilado todo el proceso de identificación de los nietos sin prejuicios”.

Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba: “Me alegro de que el tema haya quedado dilucidado. Marcela y Felipe Herrera de Noble no tienen que ver con los niños de que se apropiaron los miembros de la dictadura genocida. Lamento lo que han tenido que vivir estos chicos durante esos años”.

Pablo Llonto, abogado querellante en la causa: “Hay que seguir investigando para saber cuál es el origen y determinar la identidad de Marcela y Felipe. Lo importante es que las muestras quedaron en el Banco y ante cualquier familia que aparezca y dé sus muestras de sangre, la comparación se tiene que hacer”.

Gladys Cofré, subsecretaria de Derechos Humanos de Río Negro: “El objetivo final debe ser la búsqueda de la verdad y la justicia. Es imperioso seguir sumando muestras en el Banco Genético. Es importante que el Estado democrático tenga políticas clave con respecto a todo eso, y por eso yo acompaño todo lo que se hace desde el gobierno nacional”.