Sorpresivamente, la Constitución argentina quedó ayer en medio del conflicto por las islas Malvinas. El embajador británico en la ONU, Lyall Grant, acusó a la Argentina de asumir “una actitud hostil con las islas con la reforma constitucional de 1995, lo que puso fin al diálogo que se mantuvo hasta ese momento entre ambos países”. Según su criterio, la culpa la tuvo la reforma, porque incluyó que “es un deber argentino obtener soberanía sobre un territorio sobre el que nunca han tenido soberanía y donde hay varias generaciones de isleños”, afirmó Grant. Sin necesidad de que lo consultaran al respecto, el canciller Héctor Timerman sostuvo durante su conferencia de prensa que “la Argentina en su Constitución garantiza que solamente a través de la paz se va a buscar la recuperación de la soberanía de sus territorios”. El texto constitucional establece que “la Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía” sobre Malvinas y considera que su recuperación “respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.