Asociaciones de radios comunitarias, sindicatos de trabajadores de la comunicación audiovisual y 14 universidades nacionales presentaron ayer dos planteos de amicus curiae ante la Corte Suprema de Justicia para solicitarle que admita el per saltum interpuesto por el Estado nacional y resuelva tanto la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad de la ley como la medida cautelar que impide su aplicación integral. “La comunicación audiovisual resulta una actividad social de interés público, en la que el Estado debe salvaguardar el derecho a la información, a la participación, preservación y desarrollo del Estado de derecho, así como los valores de la libertad de expresión garantizando el pluralismo informativo y comunicacional”, sostuvieron las autoridades de universidades nacionales como la de Buenos Aires, Rosario, Río Negro, Misiones y Lanús, entre otras.

Pocas horas antes de que la Corte se reúna para resolver qué hará con los planteos realizados por el gobierno nacional y el mismo día en que la procuradora general Alejandra Gils Carbó emitió su dictamen sobre el caso, se conoció el pedido de organizaciones sin fines de lucro, sindicatos y 14 universidades nacionales pidiéndole al máximo tribunal que acepte el planteo del Ejecutivo. La primera presentación fue realizada por la Federación Argentina de Radios Comunitarias (Farco), la Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina (Arbia), el Sindicato de Prensa de Rosario y el Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (Satsaid).

En el escrito aseguran que si bien la suspensión de los artículos cuestionados por el Grupo Clarín rige sólo para ese multimedio, los efectos de la medida cautelar “repercuten negativamente en el pleno cumplimiento de la norma para el resto de los licenciatarios” ya que es necesario liberar el espacio radioeléctrico y desconcentrar el mercado para permitir la competencia y subsistencia de las entidades sin fines de lucro. En este sentido, insisten en que el objetivo de la ley “resulta de imposible cumplimiento” cuando coexisten actores que respetan la ley y la voluntad popular, con un solo sujeto, el Grupo Clarín, que “se posiciona fuera de la ley, siendo además el jugador más grande del mercado”. Las asociaciones vinculadas con la comunicación audiovisual sostienen que el pronunciamiento definitivo por parte del Poder Judicial en esta causa “trascenderá el mero interés de las partes, para proyectar sus efectos sobre la comunidad y el sistema democrático”.

Con argumentos similares, el 12 de julio la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual resolvió en su resolución 901 prolongar el plazo para presentar el plan de adecuación voluntaria del resto de los grupos excedidos hasta el fin de la medida cautelar, por entonces establecido para el 7 de diciembre. El organismo que ahora preside Martín Sabbatella consideró que comenzar la adecuación en todos los grupos menos Clarín atentaba contra el espíritu de desconcentrar y diversificar los medios audiovisuales.

“Rara vez se podrá ver un motivo de mayor gravedad institucional que una ley votada por el Poder Legislativo que resulta bloqueada por un interés particular por más de tres años y con un fallo de fondo que desestima su pretensión de constitucionalidad”, advirtieron las 14 universidades conformadas, entre otras, por la Arturo Jauretche, del Sur, del Oeste, de Avellaneda, Moreno, José C. Paz, San Martín, Villa María y Chaco Austral. Con esos argumentos, las instituciones educativas le reclaman a la Corte que, para “no extender más el daño que causa esta situación para el conjunto de los ciudadanos” y sabiendo que el caso llegará finalmente hasta el máximo tribunal, admita el recurso extraordinario por salto de instancia.

Más allá de la cuestión meramente jurídica, en el Gobierno vieron como un importante gesto de respaldo la presentación como “amigos del Tribunal” de las distintas universidades, asociaciones y sindicatos, en el marco de la larga disputa con la empresa por la aplicación de la norma. Deberá la Corte resolver si acepta los pedidos de amicus curiae y finalmente si hace lugar al per saltum para resolver la cuestión de fondo o si se limita a definir la cuestión de la medida cautelar.