La procuradora general Alejandra Gils Carbó presentó ayer en sociedad la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvil) y designó como titular al fiscal Abel Córdoba, que viene de cumplir un destacado rol al frente de la fiscalía que el año pasado consiguió la primera condena por delitos de lesa humanidad a un grupo de represores de Bahía Blanca. Ante un auditorio colmado por fiscales, jueces, legisladores, funcionarios y miembros de organismos de derechos humanos, tanto Gils Carbó como Córdoba recordaron que la violencia institucional impacta sobre los sectores más humildes de la sociedad y enfatizaron la necesidad de terminar con la naturalización de las prácticas autoritarias ejercidas desde el Estado por parte del Poder Judicial. También hablaron el periodista y presidente del CELS, Horacio Verbitsky, y el diputado nacional Leonardo Grosso, impulsor de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional.

Gils Carbó explicó que “las prácticas de la dictadura siguen estando presentes” en las cárceles, pese a “los esfuerzos que se vienen haciendo desde el Ministerio de Seguridad y desde el Ministerio Público Fiscal”. Citó datos de la Procuración Penitenciaria Federal sobre el aumento de muertes violentas en el Servicio Penitenciario Federal y sobre la impunidad de torturadores: de 415 causas por torturas iniciadas en 2011, sólo en siete se llegó a citar a declaración indagatoria a los acusados. “Las estructuras judiciales a veces parecen naturalizar estas prácticas autoritarias y se muestran reticentes a desarrollar acciones que conduzcan al esclarecimiento y a la punibilidad de los responsables”, aseveró. Córdoba remarcó “la decisión política de orientar la política criminal de las fiscalías hacia los derechos humanos” y manifestó su satisfacción de participar de “una etapa histórica” del Ministerio Público Fiscal.