La explicación de Edesur fue terminante. El apagón que ayer afectó durante media hora a casi 400 mil usuarios se debe “estrictamente al problema de seguridad” que aqueja al conurbano bonaerense y “a ninguna otra cosa”. La empresa intentó negar así lo que el presidente Néstor Kirchner sugirió como una probabilidad: que el incidente haya sido un mecanismo de presión para forzar un pronto descongelamiento de las tarifas. Según la distribuidora eléctrica, el viento de ayer derribó tres torres de alta tensión en el partido de Esteban Echeverría, muy debilitadas por la falta de los perfiles de hierro que las sostienen y que son objeto de “constantes saqueos”. Pero la Divina Providencia –o la mano del Demonio– hizo que el derrumbe tuviera lugar en un momento delicado para el sector y para sus frágiles vínculos con el Gobierno.
“Nos llevará cinco días reponer la línea: Buenos Aires quedará en delicado equilibrio”, sostuvo ayer el vocero de Edesur. Para la distribuidora, el robo de perfiles se suma a los “miles de kilómetros de cables” que le sustraen, problema similar al que enfrenta Edenor, que en el primer semestre habría perdido “200 kilómetros de cable y tres mil cuatrocientos medidores” por la misma vía. Una pérdida de material semejante a la que acusan las gasíferas o los concesionarios de trenes urbanos, que también denuncian ser víctimas del vandalismo.
La devaluación encareció el precio del cobre y otros metales, estimulando la avidez de los ladrones. Pero la misma depreciación del peso y el posterior congelamiento de las tarifas que por contratos estaban atadas al dólar hizo que las prestadoras de servicios públicos redujeran sus planes de inversión a lo mínimo indispensable, lo que limita la reposición de los materiales perdidos.
Edenor difundió ayer el resultado del primer semestre, en el que tuvo un resultado operativo positivo de 900 mil pesos, aunque una “ganancia contable” de 293 millones, debido a la revaluación del peso. En el mismo comunicado explica que para mantener “ese equilibrio” debió “reducir al mínimo las tareas de mantenimiento y las inversiones en instalaciones”.
El martes por la noche el ministro de Planificación, Julio De Vido, analizó con distribuidoras, grandes usuarios, transportistas y generadoras otra cuestión sensible, también ligada a la parálisis tarifaria. Cammesa, la administradora mixta que regula el mercado eléctrico mayorista, no tiene recursos suficientes para pagarles a las doce usinas de generación que, frente a esto, podrían dejar de producir electricidad.
Las distribuidoras eléctricas, cuyos precios finales están regulados, compran la energía a través de Cammesa, que paga a las generadoras a mes vencido y utilizando un fondo compensador. Este se nutre con una porción de las tarifas de distribución, que por contrato deberían variar estacionalmente: cuando suben (en el invierno) permiten acumular recursos, que sirven para pagar a las usinas en épocas de baja.
El problema se origina porque las tarifas eléctricas fueron congeladas en el verano de 2002, justo en el lapso de precios estacionales bajos y, desde entonces, el Gobierno no permitió ningún ajuste estacional. Así, el fondo compensador se fue agotando y hoy, por primera vez, no tiene dinero suficiente para pagar los despachos de junio.
Cammesa advirtió por nota a las empresas generadoras que dispone sólo del 69 por ciento de los fondos necesarios, suma que en total llegaría a los 170 millones de pesos, según calculó ayer la asociación que las nuclea. De Vido tomó nota del problema pero hasta anoche no había dado garantías absolutas de solución que, según las empresas del sector, no puede ser otra que que el Estado ponga el faltante.
A diferencia de los otros segmentos, la generación no está sujeta al régimen de servicio público y si las condiciones no son alentadoras para su negocio, podrían dejar de producir. Aún no han formulado la amenaza en estos términos, pero sí advierten que no pueden asumir más problemas que los que les habría causado la dolarización de parte de sus costos, como el fuel oil que consumen algunas usinas.
A pesar del esmero del Gobierno en que se sancione la ley que permitirá renegociar los contratos y disponer aumentos tarifarios de emergencia, las distribuidoras están haciendo proyecciones sin ajustes de precios hasta fin de año. Las empresas encuentran en el secretario de Energía un interlocutor “comprensivo”, algo previsible si se atiende a los cálculos que hizo por escrito antes de asumir en el cargo: el precio del fluido ya tenía hace meses un 58 por ciento de atraso. Pero miran con más desconfianza a De Vido y al propio Presidente, a quienes consideran más renuentes a tomar una medida políticamente costosa como un aumento de tarifas, más en vísperas electorales.