Roberto Lavagna viajó anoche a Washington, donde hoy se reunirá con el secretario del Tesoro, John Snow. El ministro aspira a conseguir el apoyo de la administración Bush en las negociación con el Fondo Monetario, para que el directorio de la entidad acepte la propuesta de refinanciar, con tres años de gracia, los próximos vencimientos de deuda que debería afrontar el Gobierno.
“Con el respaldo de Snow la negociación se podría encarar de una manera más firme y, si bien pueden surgir diferencias, nos daría un margen de comodidad para lograr el acuerdo”, especulaban ayer en el Ministerio de Economía. Ciertamente, el visto bueno del secretario del Tesoro despejaría muchos obstáculos en el Fondo, en el que Washington tiene no sólo un peso político decisivo sino también el 18 por ciento de las acciones. Sin embargo, aun con el aval de la administración Bush, no necesariamente otros países que gravitan en el directorio, como Alemania y Japón, seguirían el mismo camino. Como es sabido, los representantes de esos gobiernos en el FMI no quieren saber nada de concesiones a Argentina hasta tanto no se revuelva la situación de los tenedores de bonos en default, entre los cuales se destacan ciudadanos japoneses, alemanes e italianos.
Más importante aún, tampoco es probable que Lavagna obtenga un cheque en blanco de Washington, ni mucho menos. De hecho, hasta ahora la administración Bush marcó la cancha sin ambigüedad, ofreciendo un respaldo protocolar al gobierno de Kirchner, pero dejando en claro que son los técnicos del FMI quienes deben llevar adelante, sin interferencias, las negociaciones.
Como el propio Lavagna lo admitió en las últimas semanas, la idea del Gobierno es lograr un acuerdo que destrabe la refinanciación de vencimientos por 15.000 millones de dólares en los próximos tres años. En otras palabras, pretende que el Fondo conceda tres años de gracia en el pago de la deuda que el país mantiene con los organismos internacionales.
El pedido puede parecer ambicioso. Pero a diferencia de la oferta que hará a los acreedores privados, que deberían aceptar una quita en sus acreencias, el Gobierno se comprometerá ante el Fondo a pagar el 100 por ciento del capital adeudado y las tasas de interés originalmente pactadas. Así, lo que solicitará es simplemente más plazo.
Aunque el planteo suena razonable, en Economía descuentan que los burócratas del FMI serán inflexibles en la mesa de negociación por dos motivos. En primer lugar, porque temen que las concesiones que se otorguen a Argentina ahora se traduzcan en una avalancha de pedidos similares de otros países en el futuro. En segundo lugar, porque cuanto más instransigentes se muestren, más margen tendrán para arrancarle a la administración Kirchner otros compromisos, como elevar la meta de superávit fiscal el año próximo.