Tras la indagatoria de Amado Boudou, nada hace pensar que el juez Ariel Lijo vaya a cambiar su interpretación de los hechos, según la cual el vicepresidente sería el dueño oculto de The Old Fund, la empresa que puso cerca de 50 millones de pesos, provenientes de otras sociedades y financieras, para la levantar la quiebra de la imprenta Ciccone y quedarse con la mayoría accionaria. Aunque la Sala I de la Cámara Federal ordenó profundizar la investigación sobre el origen de los fondos usados para el rescate, no se vislumbran grandes medidas novedosas en ese aspecto. De hecho, el juez tiene en su poder un informe de la fiscalía y de la Unidad de Información Financiera (UIF), pero hasta ahora no lo utilizó ni pidió ampliarlo.

Hoy debe presentarse a declarar como sospechoso el director y hombre visible de The Old Fund, Alejandro Vandenbroele, a quien el juez Lijo le rechazó un pedido para postergar la audiencia. En cambio admitió prórrogas para Nicolás Ciccone –ex dueño de la imprenta–, que tiene nueva cita el lunes 16 de junio, y para José María Núñez Carmona –empresario, socio y amigo de Boudou–, que tendrá que presentarse el jueves 19. Ambos alegaron encontrarse lejos de Buenos Aires. Mañana serán indagados Rafael Riesnik Brenner –ex jefe de asesores de la AFIP– y Guillermo Reinwick –yerno de Ciccone y hombre clave en la empresa fabricante de billetes–. Se supone que una vez que termine la ronda de declaraciones, Lijo se tomará los diez días hábiles de rigor para resolver la situación procesal de todos.

Según Boudou, existió un contrato entre Reinwick y Vandenbroele para que The Old Fund (TOF) pusiera dinero para sacar de la quiebra a la empresa (que llegó a tener deudas por 150 millones de pesos) y se le transfirieran acciones. El vicepresidente afirma que TOF son los propios Ciccone. También dijo que fue central en el financiamiento el banquero Raúl Moneta con quien Reinwick –sostuvo el vicepresidente– hizo un pacto para que le devolvieran las acciones una vez que fueran devueltos los préstamos. Si no le reponían la plata, Moneta se quedaba con la imprenta, lo que explica que el banquero esté reclamando su parte tras la expropiación. TOF puso para el salvataje cerca de 50 millones de pesos. Esa empresa, que carecía de actividad, tuvo su primer aporte de capital en 2010 a través de una accionista uruguaya llamada Dusbel que, según señaló Boudou, está a nombre de Reinwick, igual que European Advisory, otra de las sociedades detrás del fondo de inversión.

Esta no es la primera vez que Moneta aparece en la causa. Ya lo había introducido Vandenbroele, quien afirmó que había sido el financista. En un escrito que presentó ayer, Boudou señaló que es elemental que el juzgado reconstruya el origen de los fondos porque eso llevará a demostrar que él no es dueño de TOF ni tiene relación alguna. Pidió medidas de prueba en ese sentido, como también pidió la Cámara Federal. El vicepresidente también señaló aportes del Banco Macro. Son datos que, en rigor, están en la causa hace tiempo, pero nunca nadie profundizó. El fiscal Jorge Di Lello pidió declaraciones testimoniales, como la del dueño del Macro, Jorge Brito, pero el juez nunca respondió.

Un dato llamativo es que toda la investigación sobre cómo se levantó la quiebra y a quién se quiso beneficiar estuvo comandada desde el juzgado. Todas las actuaciones referidas a la “ruta del dinero”, el origen y destino de los fondos utilizados para el rescate, recaló un buen rato en la fiscalía pero sin estar delegada en Di Lello, ante cuyos pedidos el juzgado no impulsó medidas sustanciales ni declaraciones de los banqueros y financistas mencionados. Es decir, en la práctica ambos temas se han mantenido prácticamente escindidos. Incluso Di Lello entregó en el verano un informe basado en datos de la unidad antilavado y la UIF, donde aparecían Moneta y Brito y una cadena de sociedades cuya titularidad restaba desentrañar.

Por ahora, nada indica que esta línea se vaya a profundizar demasiado antes de que terminen las indagatorias. Lo que no descartarían en el juzgado es ir pidiendo algunas medidas para despejar cuestiones que surgen en las indagatorias.

Boudou cuestiona que los Ciccone fueron imputados primero, luego testigos y querellantes, y ahora otra vez imputados. Como testigos declararon contra Boudou y lo involucraron en dos reuniones –que él niega– sobre el rescate de la imprenta. La Cámara declaró abstractos los planteos de nulidad de esos testimonios presentados por la defensa, porque que Reinwick y Ciccone son ahora imputados. Lo que se supone que vale es lo que declaren como sospechosos, relevados del juramento de verdad, que seguramente será lo mismo que ya dijeron.

Boudou también pidió pericias caligráficas de los Ciccone, Reinwick y Moneta. Es porque los primeros dijeron que habían sido obligados a firmar el traspaso accionario. Y sigue el interrogante sobre qué delito contemplaría el juez, convencido de que hubo una maniobra para que Boudou y allegados se quedaran con Ciccone y la garantía de contratos para imprimir billetes. En tribunales mencionan cohecho o negociaciones incompatibles con la función pública.