La coalición radical-socialista que gobierna Santa Fe denunció una supuesta operación destituyente, a raíz de las publicaciones de este diario acerca de las relaciones entre el crimen organizado, la policía, la justicia y las autoridades provinciales. El propio gobernador Antonio Bonfatti dijo que defendería “hasta el último momento (?) la honestidad y la transparencia de este gobierno”. Su ministro Eduardo Galassi agregó que “el intento de asociar al Partido Socialista con el narcotráfico no es más que otro capítulo con el que se buscan poner en foco una patraña, una calumnia”. Ellos y otros dirigentes de la coalición acusaron a los miembros justicialistas de la Comisión Investigadora de la Legislatura y descalificaron los testimonios prestados ante ese cuerpo por Ana María Frascona y Silvia Patricia Fuster, las madres del presunto narcotraficante Luis Medina y de su amiga sentimental, Justina Pérez Castelli o Justine Fuster. Las dos señoras dijeron en sendas audiencias el 16 de septiembre que el empresario de autos de la noche y de los autos de lujo había aportado a la campaña electoral de Bonfatti cuando accedió a la gobernación. Los funcionarios provinciales descalificaron ambos testimonios porque las mujeres eran justicialistas, igual que los miembros de la Comisión. Es cierto, ya que radicales y socialistas se negaron a integrar la Comisión aduciendo que “es peligroso politizar la lucha contra el narcotráfico”. La propia Frascona consignó en la declaración su militancia justicialista, cuando reveló que su hijo había sido compañero de juegos de la jueza Alejandra Rodenas, que ahora investiga el asesinato. Ante el incómodo silencio de los legisladores justicialistas, recordó que se veían en la casa de Luis Rubeo, con quien militaban ella y el padre de la jueza [Osvaldo Tito Rodenas, quien en 1975 cedió al Cuerpo de Ejército II el predio de La Calamita donde luego del golpe funcionó un campo clandestino de concentración]. Rubeo, hoy de 78 años, fue varias veces diputado y senador nacional. Su hijo Luis Daniel es el actual presidente de la Legislatura provincial. “Lo que son las cosas de la vida”, comentó sin añadir nada el presidente de la Comisión, el justicialista Héctor Acuña, consciente de las corrosivas implicancias de la información. Las acusaciones del gobierno provincial se centraron precisamente en Acuña, a quien Galassi llamó “saltimbanqui de la política” y atribuyó haber sido “vocero de Apropol, una organización ilegal de ex policías”. Está menos claro por qué Galassi y Bonfatti involucraron en la aducida operación de desprestigio al diario que se limitó a publicar la transcripción de los testimonios de las madres de las víctimas, sin dar fe de su veracidad. Por el contrario, la nota explicó que las transcripciones taquigráficas de la Comisión “son una muestra desoladora de cómo se concibe la política en un marco de extrema degradación, si bien esto no implica dar fe a cada una de las afirmaciones de ambas mujeres”. Según la declaración de la señora Fuster, en la casa en un country de Pilar que su hija compartía con Medina escuchó conversaciones en las que se hablaba de Galaxy y El Peladito. La Legislatura, donde el oficialismo está en minoría, expresó su preocupación por “las desafortunadas manifestaciones” de Bonfatti e integrantes de su gabinete referidas a supuestos “intentos destituyentes”. Lo más llamativo es que las indignadas desmentidas oficiales ni siquiera mencionaron otra parte de la nota publicada aquí hace dos semanas, en la que se transcribían diálogos grabados por orden del juez federal Carlos Vera Barros entre el ex policía de la división Judiciales Germán Almirón, detenido por favorecer la fuga de un sicario, y Arón Treves, El Ojudo, acusado por homicidio y tráfico de drogas. El gobierno ya había dejado trascender parte de las grabaciones telefónicas, en las que ambos detenidos planean atentar contra el juez Juan Carlos Vienna y/o el fiscal Guillermo Camporini, quienes habrían deshonrado algún compromiso. Pero en agosto, el semanario Sin Mordaza publicó otro tramo del mismo diálogo, en el que Almirón y Treves también se refieren al atentado de octubre de 2013 contra la casa de Bonfatti como un pase de facturas por promesas incumplidas a las bandas que aportaron fondos a su campaña electoral. El fastidio de Treves es porque no le concedieron la libertad que le habían prometido a cambio de su actuación como arrepentido, figura que el procedimiento provincial no contempla. Las bandas que mencionan son las del asesinado Luis Medina, la de su presunto ejecutor, Esteban Lindor Alvarado, la de Los Monos y la de El Francés, que en realidad es el polaco Thierry André Polus. En la grabación, registrada poco después de la medianoche del 2 de marzo, Treves dice que el gobernador les sacaba “un millón al Esteban [Alvarado] y un millón al Luis [Medina]. Después un millón a un tal francés, que creo que es el de Baigorria, si no me equivoco. Y sé que Los Gordos [por Los Monos, de la familia Cantero] habían puesto una moneda también. No se si un millón pero habían puesto una moneda. Con todo este quilombo, el tipo los desconoce a todos y se abre”. Las traducciones entre corchetes pertenecen a la revista que publicó el diálogo. En otro diálogo, del 14 de marzo, Almirón dice que alguien a quien sólo menciona como Salvador y frustrado candidato a camarista, hablará con el ministro de Seguridad Raúl Lamberto para que interceda ante el fiscal de Cámara Camporini, de modo que Treves pueda quedar en libertad a la espera del juicio, en el que sería absuelto por tecnicismos sobre la prueba del homicidio.

El presidente del bloque de diputados nacionales del Partido Socialista (PS), Juan Carlos Zabalza, atribuyó al gobierno nacional el intento de encontrar un vínculo del socialismo con el narcotráfico. Curiosa interpretación: fue el gobierno nacional el que decidió poner estas grabaciones en conocimiento de la provincia, lo cual abortó una importantísima línea de investigación. Queda claro que en la Guerra de las Galaxias la culpa la tiene el mensajero.