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Por A.D.

Santiago del Estero es una de las provincias con mayor población campesina del país. Según el documento central de la Mesa de Tierras de Santiago, coordinada por el Obispado, en el campo vive aproximadamente el 40 por ciento de los santiagueños, unas 28.000 familias ubicadas en los departamentos más pobres de la provincia. En esa dimensión situó su diagnóstico la Comisión de la Secretaría de Derechos Humanos.
Bajo el capítulo número 3, el preinforme de la Secretaría de Derechos Humanos retoma la “Situación del campesinado” como parte de los mecanismos de violación a los derechos humanos instalados en territorio de los Juárez. Desde hace unos años, los campesinos saben que las condiciones climáticas y tecnológicas mejoraron la calidad de las tierras santiagueñas. Y saben, como dice el informe, que “viven en espacios cuya renta potencial es importante”. Este es el núcleo del problema.
“Desde mediados de los ‘90 se viene produciendo una expansión de la frontera agrícola –explican los técnicos de la Secretaría– liderada por el cultivo de la soja transgénica y acompañada por el maíz, el trigo y en menor medida el algodón.” Ese proceso, cuyos protagonistas principales son empresarios extranjeros o extraprovinciales, sobre todo santafesinos y cordobeses, sucede en suelos cuyas mejores superficies ahora rondan los 450 dólares por hectárea, precio comparable con la Pampa Húmeda. La expansión y revalorización de la tierra se monta, según los investigadores, sobre un proceso muy localizado de “cambio climático” y de “ciclo húmedo” caracterizado por un aumento de los niveles de humedad que hace a la agricultura más viable. Pero esta situación es una consecuencia directa de una presión altísima sobre los ecosistemas y, como consecuencia, sobre los habitantes. Junto a la expansión de la frontera, indica el informe, “avanzan los paquetes de químicos, como el glifosato, de gran impacto ambiental”.
Tarde o temprano, este proceso acabará: la rentabilidad de las tierras santiagueñas tiene un período corto y limitado, de unos cinco años. El proceso de intensificación del cultivo con químicos y desmonte de tierras debilita los suelos y baja el contenido de materia orgánica, alentando irreversibles procesos de lavado y de desertificación. Los empresarios tienen sólo el tiempo presente para extraer todos los recursos posibles de esta nueva pampa fértil, con inversiones que son mucho más rentables desde el comienzo de la devaluación.
Uno de los efectos de este proceso son las “violaciones a la Convención Internacional de Lucha contra la Desertificación firmada por el país en 1994 y ratificada en 1996”, según el informe. Durante su estadía en Santiago, la Comisión de Derechos Humanos registró numerosas denuncias de desmontes ilegales, incumplimiento de la zonificación y de las cortinas de viento y desmontes.