La decisión del juez federal Claudio Bonadio de ordenar un allanamiento a las oficinas de la firma Hotesur, relacionada con hoteles que pertenecen a la presidenta Cristina Fernández, levantó nuevas críticas del oficialismo, un día después de que el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, calificara ese hecho como “golpismo activo”. El diputado kirchnerista Juan Cabandié acusó al magistrado de mostrar “un ensañamiento contra la figura presidencial”, al tiempo que su compañera de bancada Teresa García mencionó la “relación directa” entre Bonadio y el precandidato presidencial del Frente Renovador, Sergio Massa. Desde la oposición, en cambio, dirigentes políticos y jueces volvieron a criticar al Gobierno por un “avance” contra el Poder Judicial y ratificaron que no prestarán acuerdo para que el año próximo se complete la vacante que dejará en la Corte Suprema el ministro Raúl Zaffaroni.

El allanamiento “es una irresponsabilidad de procedimiento jurídico”, aseguró Cabandié, quien acusó a Bonadio de “actuar en respuesta ante el enojo por la nueva composición del Consejo de la Magistratura”. El diputado mencionó que el juez “todavía tiene que dar explicaciones sobre la fraudulenta venta, durante los ’90, de Tandanor”, el astillero que fuera reestatizado por el kirchnerismo, “por la persona que mató durante el 2001” y por “la causa de la curtiembre de los Yoma”. Para Cabandié, Bonadio “es uno de los jueces de la servilleta de Corach, ya que fue su subsecretario de Legal y Técnica” y pertenece a “esa corporación judicial que nunca avanza con las causas de Clarín y absuelve a los De la Rúa”.

Por su parte, la diputada Teresa García aseguró que con su accionar Bonadio sumará otra causa a las 34 que ya tiene en el Consejo de la Magistratura. Además, la legisladora aseguró que el juez “tiene una relación directa con alguno de los candidatos presidenciales como Sergio Massa”. Más lejos fue el referente de Miles, Luis D’Elía, que en su cuenta de Twitter denunció un “golpe destituyente” y pidió “dejar clavada simbólicamente la cabeza de Bonadio en una pica”, lo que despertó el repudio de toda la oposición.

El precandidato presidencial de la UCR Ernesto Sanz acusó al Gobierno de buscar “por las vías del hecho lo que no pudieron lograr por vía de las leyes” y volvió a acusar a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, de ser “es una herramienta del Gobierno para copar la Justicia”. Además dijo que es “grave” que la Casa Rosada “instruya” a un abogado “para denunciar penalmente a opositores”, en referencia a la acusación por “sedición” presentada por el constitucionalista Eduardo Barcesat contra senadores que anticiparon su negativa a tratar el reemplazo de Zaffaroni en la Corte Suprema. Otra de las involucradas, la senadora Gabriela Michetti, ratificó esa postura y argumentó que se busca “defender la independencia y la transparencia” del máximo tribunal.

En tanto, el presidente de la Asociación de Magistrados, Luis María Cabral, señalado por el Gobierno por sus vínculos con la oposición y el Grupo Clarín, sostuvo que las críticas a Bonadio significan una “injerencia” en el Poder Judicial, que implica una “seria afectación institucional”.