Abogada y docente, Alicia Pierini suele confesar a sus amigos una frase: “Uno de mis días de gloria es cuando vi a los compañeros (Mario) Firmenich, (Fernando) Vaca Narvaja y (Roberto) Perdía entrar en la Casa Rosada para visitar a (Carlos) Menem”. Es una forma de reivindicar el indulto dictado por el ex presidente para los militares de la dictadura y un grupo de montoneros procesados, aunque algunos, como la militante Graciela Daleo, rechazaron entonces el perdón.
Como subsecretaria de Derechos Humanos entre 1991 y 1997, Alicia Pierini tuvo a su cargo las dos caras de la política para el área de Menem. Por un lado, la defensa permanente del indulto y de la negativa a colaborar con la Justicia universal para los crímenes cometidos por militares de la dictadura. Por otro, la implementación del sistema de indemnizaciones con los que el Estado argentino, más allá de Menem, reconoció el daño que había provocado en las víctimas del secuestro, la tortura, la prisión o el exilio y en sus familiares. También respaldó a las Abuelas de Plaza de Mayo en su pelea por la identidad, aunque no quiso o no logró el apoyo institucional y público de Menem.
La biografía de Pierini en esos años la muestra como una disciplinada funcionaria de Gobierno, sin cuestionamiento a sus políticas más cruciales. Un ejemplo es el PAMI, símbolo de los negocios de los años ‘90. “Yo negocios no hice”, dijo, dura, Pierini en la audiencia de impugnación, pero no cuestionó los manejos de Víctor Alderete, el jefe del PAMI al que pidió procesar la Defensoría porteña, justamente el organismo que Pierini aspira a comandar. En rigor, la Defensoría, a cargo entonces de Alicia Oliveira, presentó una medida cautelar para evitar el gerenciamiento de PAMI. Entendió que se trataba de una privatización encubierta que superaba los mil millones de dólares y necesitaba requisitos legales y de control que Alderete no estaría cumpliendo.
El plan también preveía contratar con clínicas en quiebra y en concurso de acreedores y utilizaba una unión transitoria de empresas que incluía a los hospitales de la ciudad. Así, los hospitales quedaban como red última de seguridad de un negocio privado.
El entonces procurador, Ernesto Marcer, y la Defensoría, lograron la medida cautelar. Salió el mismo día en que se firmaría el gerenciamiento. Como no se podía notificar, fue la propia Oliveira hasta el PAMI, pero cuando llegó junto con su equipo en el PAMI no había nadie. La reunión se estaba realizando en otro sitio. En ese momento, con la policía en la puerta, Oliveira pidió que se llevaran preso al gerente que representaba a Alderete. El gerente accedió tras la certeza de que terminaría ese día entre rejas. La medida cautelar impidió a Alderete concretar uno de los grandes negocios del menemismo.