El 9 de mayo de 2012, el Senado aprobó por unanimidad la ley 26.742, de Muerte Digna, que modificó la ley 26.529 de Derechos del Paciente para permitir que pacientes y sus familiares decidan sobre los alcances de tratamientos terapéuticos en caso de enfermedades terminales, irreversibles o incurables. La modificación apuntó a garantizar el derecho de los pacientes a evitar el encarnizamiento terapéutico, entendido como tratamientos que prolongan la vida aunque no existan perspectivas de mejoras en el estado de salud.

La ley respeta el principio de “autonomía de la voluntad”, al señalar que “el paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de causa” y, en caso de que el paciente no estuviera en condiciones, autoriza a tomar el consentimiento de sus familiares cosanguíneos o sus cónyuges.

La ley fue acompañada por madres de pacientes a quienes distintos servicios médicos se habían negado a dejar morir aunque no hubiera esperanzas de mejora, como Susana Bustamante y Selva Herbón (foto).