El Gobierno denunció penalmente a las organizaciones piqueteras que habían obstruido la salida del titular y funcionarios del Ministerio de Trabajo. La denuncia fue acompañada por propuestas y discursos que planteaban la posibilidad de modificar su política de respeto a las protestas y manifestaciones sociales. Luego, el Gobierno emprendió acciones para desandar el camino, pero su reacción equivocada actúa como un peligroso antecedente y señala algunos riesgos en el actual proceso de fortalecimiento de las instituciones democráticas.
Por un lado, el Gobierno intentó consolidar su autoridad mostrando que la criminalización seguía siendo una opción política posible. Cuestionó, así, que el tratamiento respetuoso de la protesta social fuera una obligación legal de las instituciones democráticas.
La persecución penal de conductas sólo aparentemente contempladas en el Código Penal, dadas en el contexto de manifestaciones sociales, es contraria a la ley. No puede considerarse delito cualquier acción desarrollada en el legítimo ejercicio de un derecho. La Constitución reconoce los derechos de petición, expresión, manifestación y demás garantías.
Esto no quiere decir que ante este derecho cedan todos los demás. Manifestarse no habilita atentar contra la vida o la integridad física, ni contra derechos de mayor jerarquía que los reclamados. Pero es una interpretación falaz y perversa del Código Penal sostener que cuando un grupo de personas desocupadas dificulta o incluso impide temporalmente la movilidad de un ministro, se configura el delito de privación ilegítima de la libertad.
La falta de reconocimiento de los derechos en juego se expresa también en la discrecionalidad en la distribución de los planes sociales. El decreto que regula los planes Jefas y Jefes de Hogar sostiene que ellos suponen el reconocimiento del derecho social a un nivel de vida adecuado; sin embargo, el plan se limita a distribuir de manera clientelar beneficios asistenciales precarios, que no alcanzan a cubrir las necesidades mínimas de la población en situación de indigencia. El Gobierno debe adoptar en forma urgente medidas de largo alcance que promuevan la producción y el empleo para revertir la profunda exclusión social. En tanto, debe avanzar hacia la universalización de los beneficios y fijar criterios objetivos para su asignación. Los derechos no son bienes que puedan repartirse entre aliados y negarse a los adversarios políticos. Por otra parte, en un contexto de instituciones con débil compromiso democrático, la acción errada del Gobierno entraña un peligro mayor. Con reglas de juego afianzadas y un Poder Judicial cumpliendo su función de control, la desviada iniciativa gubernamental hubiera sido tempranamente rechazada por la Justicia. En un contexto de fragilidad democrática como el actual, los errores de una institución son magnificados por el autoritarismo y los defectos de las otras.
En igual sentido, fue equivocada la propuesta de creación de un “cuerpo especial (de policías), sin capacidad de fuego, para negociar con los cabecillas, persuadir y desactivar las protestas sociales”. Por el contrario, son los funcionarios políticos quienes deben asumir la responsabilidad de la protección de las personas, el control del accionar policial y procurar el diálogo y la negociación. Darle centralidad a la policía implica desplazar el reclamo original de los manifestantes, reducirlo a la lucha por el espacio público e ignorar que el deber básico del Estado es proteger a los manifestantes, no desactivarlos.
Un gobierno puede tener mayor o menor capacidad para escuchar los reclamos sociales y distintas estrategias para responder a las demandas. Pero entre las opciones políticas legítimas, un gobierno democrático nunca puede poner en duda su compromiso con el cumplimiento de la ley.

* Abogados, integrantes del Centro de Estudios Legales y Sociales.