“Hoy no sé, pero históricamente fue una caja compartida entre el sindicato de municipales y el poder político.” Lo dice el ex ombudsman porteño Antonio Cartañá y se refiere al cuerpo de inspectores comunales que a lo largo de la última década –con la sucesión de intendentes y jefes de Gobierno– fue cambiando de nombre pero, al parecer, no de mañas, según confirmó ayer el mismo Ibarra. “En la época del menemismo se decía que recaudaba unos 2 millones de pesos por mes”, recordó a Página/12 un abogado que investigó la “corrupción sistematizada” montada por esos años en el área. La época de oro –destacó– transcurrió bajo la conducción del marino retirado Pedro Fernández Sanjurjo, hombre del riñón de Eduardo Bauzá, ex secretario general de la Presidencia durante el gobierno de Menem. Sanjurjo está procesado por el presunto delito de asociación ilícita junto con otros jerarcas de la antigua Inspección General de Justicia –entre ellos un alto dirigente sindical– en una megacausa impulsada por Cartañá, que reveló el andamiaje de “arreglos” que funcionaban en el organismo, y que fue investigada por la Fiscalía Nº 33 a cargo de José María Campagnoli, hoy subsecretario de Seguridad de la Nación.
Cartañá recordó ayer a Página/12 algunas de las maniobras que quedaron al descubierto en aquellos años de oro:
- Habilitar un uso en zonas no permitidas, entregando una habilitación trucha a través de un gestor, que por lo general también era agente en servicio.
- A una habilitación verdadera se le inventaban aplicaciones conexas, para que el dueño pudiera ampliar el rubro de su actividad: por ejemplo, un local habilitado para playa de estacionamiento se convertía en estación de servicio.
- El método de la “vista gorda” que se traducía en “si paga, yo no vi nada”. Un ejemplo de aquella época eran cientos de miles de carteles publicitarios sin empadronar.
- Los ghettos: en la vieja Inspección General existía una segmentación por rubros, por la que algunos inspectores se “encargaban” de los geriátricos, otros de los hoteles, otros de los restaurantes.
- El pozo: cada inspector debía recaudar una suma fija que iba a parar a un pozo común para su posterior reparto.
- El peaje: para que un expediente pasara de un escritorio a otro había que pagar peaje.
- Protección a vendedores ambulantes ilegales.
En 1994, al frente de la entonces intendencia estaba el delegado presidencial Saúl Bouer, y comandaba la Subsecretaría de Inspección General de la Municipalidad Fernández Sanjurjo, hombre muy cercano a Bauzá. La investigación iniciada por Cartañá desde la Defensoría del Pueblo encontró que cada trámite estaba tarifado y se pagaban coimas que oscilaban entre unos pocos cientos de pesos y más de 50.000 dólares. “Esta no es una búsqueda de perejiles. Queremos demostrar que existe una estructura del Estado, sistemáticamente corrupta, montada para robarles a los porteños y juntar plata para alguna corona: la caja del partido de turno y del sindicato municipal también”, declaraba por esos días el ex ombudsman porteño. La causa judicial quedó a cargo del juez Raúl Irigoyen y la investigación en manos del ex fiscal Campagnoli. Se encontraron, por ejemplo, inspectores que tenían cuentas de teléfono celular pagadas de su bolsillo más abultadas que sus propios sueldos municipales.
Asediado por las denuncias, Sanjurjo presentó su renuncia y en su lugar, en un intento de mejorar la imagen del cuestionado organismo, Bouer designó a un hombre que se mostraba como un adalid anticorrupción: Guillermo Francos, ex concejal por el Partido Federal y luego diputado cavallista. Francos intentó combatir los cajoneos y las apretadas, pero no pudo con el sistema. A poco de cambiar las credenciales de los inspectores buscando frenar los “negocios” del organismo, un inspector fue detenido cuando pretendía cobrar una coima en una fábrica de cepillos y adujo que había actuado por orden de un jefe de división de la repartición: “Me dijo que la cifra era 7000 y que para bajar había tiempo”, se defendió el agente.
Francos duró poco, apenas cuatro meses: cuando el presidente Menem reemplazó a Bouer por Jorge Domínguez, quedó en la calle. Pero la información que aportó a la causa de Irigoyen fue fundamental para procesar a la cúpula de inspectores del menemismo.
La causa iniciada por Cartañá fue elevada recientemente a juicio a un tribunal oral por el Juzgado de Instrucción Nº 10 y la Fiscalía Nº 33, del ex fiscal Campagnoli, hoy titular de la Subsecretaría de Seguridad de la Nación. Están procesados por el presunto delito de asociación ilícita Fernández Sanjurjo, el dirigente sindical Oscar Di Virgilio, Héctor Ares (ex jefe de Vía Pública), Osvaldo Gomila (ex director de Especiales) y 12 inspectores pertenecientes a la dirección de Habilitaciones y Permisos.
Aquella Inspección General fue disuelta en octubre de 1994 por Domínguez. Pero las denuncias contra inspectores no cesaron. Y atravesaron las siguientes gestiones de gobierno, sin que ninguna pudiera terminar con la mala fama (y algo más) de una repartición que, aunque fue cambiando de nombre, evidentemente no perdió sus mañas.