Lun 29.12.2003

EL PAíS • SUBNOTA

Lozano quiere firmar un compromiso con parlamentarios progresistas

Como parte de la ofensiva política de la CTA, el economista Claudio Lozano envió una carta a unos 30 legisladores proponiéndoles que establezcan acuerdos que incluirían un ingreso universal para chicos y jóvenes, la disolución de las AFJP y cambios financieros.

Por J. N.

Establecimiento de un ingreso universal para niños y jóvenes, sanción de un nuevo régimen previsional que incluya la disolución de las AFJP, reforma de la Ley Federal de Educación, modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, prohibición de los mecanismos de delegación de facultades del Congreso. Estas son sólo algunas de las iniciativas incluidas en el Compromiso de Acción Política y Parlamentaria, un esquema programático a través del cual Claudio Lozano busca reagrupar detrás de una serie de objetivos comunes a los diputados de centroizquierda, hoy dispersos en una multitud de bloques y bloquecitos.
“La idea es confluir en una agenda política que permita ponernos de acuerdo en una serie de objetivos que se resumen en tres ejes fundamentales: redistribución del ingreso, autonomía nacional y democratización”, explicó Lozano a Página/12. “Hoy hay en Diputados entre 30 y 35 legisladores con los que tenemos una historia en común, con similares trayectorias y valores compartidos. Con esta iniciativa buscamos consensuar proyectos concretos en lugar de discutir la cercanía con el Gobierno”, agregó el economista de la CTA, que ingresó a la Cámara como parte de la coalición que candidateó a Aníbal Ibarra para jefe de gobierno.
El “compromiso”, como lo denomina Lozano, incluye un primer capítulo que apunta a la redistribución del ingreso. Allí figuran dos iniciativas plebiscitadas por el Frenapo: el ingreso universal y la asignación para los mayores sin cobertura. Además, se incluye la propuesta de un “régimen previsional público, solidario, participativo e intergeneracional”; el establecimiento de un sistema de cobertura universal de salud; el diseño de un nuevo régimen de coparticipación federal, y, finalmente, la implementación de una profunda reforma tributaria para modificar “drásticamente” el sistema impositivo.
El segundo capítulo, el de “autonomía nacional”, incluye el conflictivo proyecto para modificar la Ley de Entidades Financieras y la Carta Orgánica del Banco Central, de manera de fomentar el crédito y la inversión productiva a través del fortalecimiento de la banca pública. También se propone sancionar iniciativas para regular y evitar la fuga de capitales. En cuanto a las privatizadas, se propone convocar a una consulta popular vinculante para decidir su destino, y redefinir el marco regulatorio de las concesiones de petróleo y gas.
Finalmente, en el capítulo sobre democratización, Lozano apunta a desprocesar y discriminalizar la protesta social; potenciar los mecanismos de democracia directa y semidirecta; avanzar en la libertad sindical; prohibir la delegación de facultades; y replantear el régimen y el financiamiento de los partidos políticos.
La carta fue enviada a una treintena de diputados, hoy dispersos en una infinidad de bancadas. Además del bloque del ARI, la recibieron los diputados de Convergencia –Miguel Bonasso, Silvana Giudice, José Roselli y Araceli Méndez de Ferreira–, los frepasistas residuales Nilda Garré y Alejandro Filomeno, los kirchneristas Francisco “Barba” Gutiérrez, Juliana Marino y Margarita Jarque, el ex ARI Mario Cafiero, los socialistas, como Jorge Rivas y Héctor Polino, la gremialista Alicia Castro y Patricia Walsh, de Izquierda Unida, entre otros.
Con la carta, Lozano busca reagrupar al denominado “espacio progresista” detrás de estos objetivos. No será sencillo. Para avanzar en la mayoría de los puntos del primer capítulo, el Congreso debería modificar de manera sustancial el Presupuesto, que fue votado por algunos de los destinatarios de la carta, como Gutiérrez o Daniel Carboneto. Por otro lado, es dudoso que legisladores plenamente identificados con Kirchner, como Juliana Marino, acepten avanzar en iniciativas que podrían generar conflictos con la Rosada, como la renacionalización de las empresas públicas. Otroejemplo es el proyecto de libertad sindical, que difícilmente sea apoyado por legisladores de origen sindical como Alicia Castro.
Aunque muchos de los diputados recién habían recibido la carta y no contaron con tiempo para estudiarla a fondo, la mayoría coincidió en destacar el proyecto de Lozano, más allá de los matices. “A esta altura es evidente que la construcción a través de personalidades está agotada y que hay que ponernos de acuerdo en una agenda”, sostuvo Cafiero. “En muchos de estos puntos tenemos proyectos presentados. El problema es que, al menos a primera vista, parece difícil que otros diputados, sobre todo los más oficialistas, se pongan de acuerdo. En cualquier caso, siempre es bueno buscar puntos de coincidencia”, señaló Eduardo Macaluse, titular del bloque del ARI, que cuenta con doce bancas y sin el cual cualquier iniciativa naufragaría en la eterna dispersión del progresismo.

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