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El proyecto de Barrionuevo, que cuenta con el apoyo activo de las dos CGT, no sólo deroga la Ley 25.550, conocida como de reforma laboral, sino que también modifica unas cuantas leyes y decretos adicionales. Entre otras cosas, devuelve a los sindicatos “madre” la negociación de los convenios colectivos, algo que la reforma había descentralizado a las empresas y a cada rama de gremios. También vuelve a poner en vigencia lo que se conoce como “ultraactividad” que es la prórroga indefinida de los convenios colectivos de trabajo hasta tanto las empresas y los gremios no se sienten a discutir uno nuevo. Por otro lado, el período de prueba para un nuevo trabajador quedaría en un mes y no se extendería a tres meses como estableció la reforma, en una medida que supuestamente ayudaría a bajar la desocupación entre los más jóvenes. Durante ese período, a los trabajadores se los puede despedir sin causa y sin indemnización.
El proyecto de Barrionuevo también incluye otros aspectos más técnicos que seguramente no pasarán el filtro del veto presidencial:
- deroga todas las normas reglamentarias del derecho a huelga, incluyendo el funcionamiento de los servicios esenciales durante un paro.
- Suprime la facultad del Ministerio de Trabajo de homologar un convenio.
- También suprime la representación del empleador.