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Cuando policías, fiscales e inspectores de la Ciudad hicieron una recorrida por la calle Libertad se encontraron, entre otras cosas, con unos 4000 pasacasetes.
–¿Usted conoce a alguien que venda el pasacasete de su coche? Obviamente nadie. Se usa en el auto y cuando se rompe o se termina de gastar, se tira, no se vende. Todos esos aparatos eran robados –razona un hombre de la Secretaría de Seguridad, cuyo titular es Norberto Quantín.
–¿Y ustedes qué hicieron? –preguntó este diario.
–Nada. En algunos casos les clausuramos el local porque no tenían matafuegos o porque tenían a alguien trabajando en negro. Pero lo concreto es lo siguiente: uno no los puede acusar de encubrimiento de robo, porque no hay pruebas del robo.
–Pero esa gente seguramente no tenía factura del pasacasete –insistió Página/12.
–Mire, no tenían facturas, pero hoy la ley igual no permite el decomiso de los pasacasetes ni la clausura del local. De manera que el que vende los pasacasetes robados dice “lábreme un acta por no tener factura y váyase”.
Esta insólita situación estaría a punto de terminarse, ya que en el proyecto Antievasión que el Ejecutivo –y en particular la Afip– mandó al Congreso esta semana hay un capítulo que especialmente apunta a los reducidores de cosas robadas. En concreto, vender cosas sin que tengan factura pasará a ser delito penal, incluyendo la clausura del local y el decomiso de lo que se venda allí. En verdad, los reducidores cuentan con protección policial y los uniformados hacen la vista gorda a cambio de una cuota semanal. Y no se trata sólo de pasacasetes sino de todo lo que hoy en día se roba en las viviendas: cámaras de video, computadoras, aparatos de audio y joyas. El fenómeno es parecido al de los desarmaderos, también protegidos por los uniformados: cuando se empezó a ejercer un control sobre ellos, la cantidad de robos de autos bajó en forma notoria. La estrategia consiste en hacerle la vida imposible al mayorista, al que hace fortuna vendiendo lo robado.