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- Juan Carlos Portantiero, sociólogo:

“Creo que mientras no haya más elementos concretos aportados desde el Gobierno, estas denuncias de supuesto complot no tienen mucha base. Si hubiera pruebas concretas, estamos naturalmente frente a una cosa seria, pero si sólo se piensa que alguien, simplemente porque es opositor o tiene otras ideas sobre política o economía, es un conspirador porque las expresa, estamos en un problema. Si uno dice –y en especial si es el Gobierno quien lo hace– que hay un complot tiene que ir antes que nada a la Justicia. Que existan elementos de la policía que se vean afectados por determinadas políticas o estén involucrados en delitos no me parece absurdo. Pero que exista toda una campaña de desestabilización contra el Gobierno me parece raro. Me resulta imposible imaginar a Lilita Carrió conspirando con un comisario de la Policía Bonaerense. Y en este caso, hablar de complot o de desestabilización es más o menos lo mismo, es sólo un problema de palabras. Pero si se dice que hay conspiración y después que lo que en realidad hay es un intento de desestabilización, y después no pasa nada, se pierde credibilidad, y en especial si se trata del Presidente. Por eso me da la sensación de que esto es un tema que va a terminar diluyéndose. Creo que acá hay más humo que otra cosa”.

- Eduardo Macaluse, presidente del bloque de diputados del ARI:

“La derecha argentina ha tenido desde siempre una tradición conspiradora, y creo que frente a eso no es conveniente estar descuidado. Pero también hay que recordar que en períodos de democracia ha existido una costumbre de denunciar complots y conspiraciones que después quedan en la nada. Por eso creo que el Presidente, si cree esto, tiene que dar precisiones. Si el Presidente hace este planteo e incluye los intentos de atentados, me parece necesario que se aporten más elementos porque podría tratarse de delitos de acción pública, y entonces tiene que haber una denuncia en la Justicia, y tiene que haber castigados. Porque si no, parece que se trata sólo de una cortina de humo para tapar otros problemas reales, como el conflicto de los ferrocarriles, la puja por las tarifas, o la reculada en la negociación de la deuda externa. Si el Presidente dice semejante cosa, hay que investigar y castigar. Ahora, si es sólo un debate político que el Presidente quiere dar, no puede descalificar a quienes opinan distinto, aunque uno esté en los antípodas de sus pensamientos, como yo puedo estarlo ante Jorge Avila o Daniel Artana”.

- Diego Quiroga, sociólogo:

“Hace bien el Gobierno en denunciar que hay sectores interesados en complicar su accionar. Más todavía cuando señala el extraño atentado que destruyó el centro neurálgico de los trenes de la línea Roca o los curiosos mensajes mafiosos dejados por delincuentes para “firmar” sus asaltos.
También hace bien en enfrentar duramente las críticas de sus opositores, sean estos políticos o económicos, porque de eso se trata el gobierno y la lucha política. De defender públicamente lo que se piensa y, más importante aún, lo que se hace. La sociedad y los medios no harían tan bien en confundir esos dos niveles en un indeterminado “complot” que agrega los nombres de políticos de derecha y consultores económicos claramente ligados a los acreedores.
Peor haría la Justicia en agrandar la confusión.
La política, por suerte, no se reduce a discriminar entre lo que es delito o lo que no. Tantos años en que la política confundió sus límites con los del delito acostumbraron a los argentinos a reducir el debate a esos dos polos. Pero en los países normales, la discusión política no termina necesariamente en los tribunales. Una decisión de gobierno o una propuesta opositora pueden ser sumamente dañinas para el país, aunque se encuadren sin duda alguna en el marco de la ley. Por suerte, el Gobierno ha dejado claro que su beligerante actitud es una ofensiva política, y se negó a aceptar los términos de ‘complot’ o ‘conspiración’ (términos eminentemente delictuales) a los que sus detractores pretendieron reducir sus denuncias. La oposición haría bien en recoger el guante y dar con igual entusiasmo el debate político propuesto. Después de todo, al calor de las grandes polémicas surgen o se consolidan las mejores ideas”.

- Isidoro Cheresky, politólogo:

“Más allá de muchos aspectos positivos que tuvo este gobierno, me parece que hay cuestiones mal encaradas, y una de ellas es la relación con el espacio público. Se ha hablado de gente –como representantes de ciertos sectores económicos– que ha tenido expresiones públicas muy irresponsables para todo el que cree que hay que preservar las instituciones. Pero aun a las personas que se manifiestan así me parece absurdo que se las descalifique. Aunque sean expresiones que no correspondan con una concepción democrática, no son ilegales y no son judiciables. El Gobierno no puede aparecer como una especie de observador de todo el espacio público, que clasifica todo lo que sucede. El Gobierno, sobre todo, no puede actuar y expresarse como si fuera un actor más de ese espacio. Quizá que quiera actuar así se explique porque es un gobierno cuyo sustento es la opinión pública, a partir de ciertos intereses que ha atacado, lo que le permitió incluso actuar muchas veces sin un respaldo institucional fuerte. Pero para que la popularidad no sea frágil, el Gobierno debería tener un intercambio con el espacio público y no crear una tensión. No debe considerar que la diversidad de opiniones constituye un elemento desestabilizador, y eso abarca todos los temas, incluso la deuda o la relación con el pasado. Creo que perjudica al Gobierno dar la imagen de que se irrita con los opositores, por más que uno no coincida en nada con ellos. Es decir, esta gestión tuvo el mérito de colocar fuera de las estructuras del Gobierno a los grupos económicos y de poder, pero esa posición de autonomía respecto de esos intereses se opaca cuando el Gobierno se pone a querer controlar el espacio público. No considero que el Gobierno sea autoritario, pero esta actitud lo descalifica. Porque sólo se puede llamar desestabilizador a alguien que se alza contra el orden público o la autoridad”.

- Franco Castiglioni, politólogo:

“Creo que esta idea del complot se inscribe, antes que nada, en una costumbre de la política argentina en la que la palabra está absolutamente desacreditada. Porque luego de una denuncia de este tipo, como luego de la retórica oficial de amenazar por ejemplo a los concesionarios de los trenes, debe haber actos concretos. Y no es que este gobierno no actúe, sino que hemos visto cómo en ciertos casos luego de las acusaciones no pasó nada. De nada sirve si el Gobierno vuelve atrás sin ninguna política porque lo que queda de sensación es que el tema no requería tanta magnificación. Generando un hecho político tan importante (sea con un discurso hacia las empresas de gas, o de petróleo), los interlocutores, la sociedad, lógicamente esperan una reacción inmediata posterior a la denuncia. Es decir que, así como hubo reacciones cuando Kirchner habló de las presiones de la Corte y luego actuó, hay otros hechos que quedan en la nada. Entonces lo que uno interpreta es que la generación de ese conflicto era innecesaria. Es algo que no pide nadie, y que al Gobierno no sólo no le sirve, sino que además lo desgasta. Hay una sobreoferta política que es innecesaria. Me parece que esto es algo compulsivo, como una búsqueda del adversario, pero después hay que hacer algo contra ese enemigo, si tiene tanta entidad como para ocupar ese espacio. Como dice el periodista venezolano Teodoro Petkoff, se crean contrarrevolucionarios antes de hacer la revolución. Es decir, si se instala entre la sociedad la idea de que hay un complot o una conspiración, hay que llamar al estado de sitio. Porque si no es simplemente desgastar más la palabra de manera innecesaria”.