El destino de Carlos Liporace está ahora en manos del Consejo de la Magistratura. La Cámara en lo Penal Económico le mandó a fines de marzo la copia de la investigación interna ordenada a raíz de las irregularidades detectadas en la causa Sou-thern Winds. Ayer, el mismo tribunal agregó a ese expediente el párrafo sobre las sospechosas citaciones de los empleados de SW que el juzgado no hizo directamente sino a través de los abogados de la empresa. Será el Consejo, y no la Cámara, el que resuelva ahora si lo actuado por Liporace en esta causa merece sólo una sanción disciplinaria o puede ser motivo de destitución.
En los pasillos de Avenida de los Inmigrantes a nadie se le escapan los antecedentes de Liporace ni los del Consejo de la Magistratura, que en sus siete años de vida sólo admitió siete sanciones disciplinarias. En este caso deben evaluar la suerte que correrá el juez a partir del sumario iniciado por la Cámara. Del análisis surgirá si las acusaciones contra el juez son motivo justificado para acusarlo y promover la destitución o, como sucedió hasta ahora, causas de una sanción disciplinaria. Si lo juzgan así, el Consejo puede encarar la investigación o delegarla en la Cámara que, además, puede proponer una sanción.
Mientras eso sucede, el juez seguirá en su despacho como todos los días. Ya no tendrá más la causa SW ni sufrirá los atribulados efectos de la exposición mediática, pero continuará con la misma cantidad de trabajo. Y el que tome la causa SW deberá pasarle un expediente “proporcionalmente equiparable” al que acaba de abandonar. Una causa semejante en tamaño y cantidad de imputados. Las reglas internas excluyen una de las características del caso SW: no exigen que la causa posea el mismo “quantum” mediático y político que el de la empresa de los hermanos Maggio.