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A las siete de la tarde, en el hall del hospital donde cumplen el paro, los enfermeros y técnicos del Garrahan contestaron las declaraciones del Presidente. Dos delegados de los trabajadores en conflicto, la mamá de un paciente y una médica de la Asociación de Profesionales se sentaron frente a las cámaras de televisión para decir, básicamente, que el problema en el hospital es un tema de salarios y no otro. “El Gobierno dice que éste es un conflicto político. Lo desmentimos totalmente; la mayoría de los que integramos la comisión interna no pertenecemos a ningún partido. Lo único que queremos es ganar un sueldo que cubra la canasta familiar sin tener que hacer a cambio extenuantes jornadas de trabajo”, señaló el delegado Carlos Taboada. El cese de actividades de 72 horas estaba llegando al final sin que se abriera un canal de negociaciones, y el delegado reiteró que esperan un llamado oficial. “No somos inflexibles. Estamos dispuestos a dialogar y el Presidente tiene la llave para resolver el conflicto. Con la misma masa salarial podría dar una mejora de 570 pesos a cada trabajador. En cambio, quieren que aceptamos una oferta por la que un directivo va a recibir 1200 pesos de aumento y un camillero apenas 120.”
Durante el día las palabras de Kirchner habían sido el tema central de todas las conversaciones. En los bancos de madera donde el personal no médico permanece durante el paro hubo comentarios de pesar y sorpresa. “Esta mañana me llamaron de una radio. Lo primero que me preguntaron es si soy del Partido Obrero. No estoy en ningún partido y me da bronca que el tema se trate de esta manera. Si contesto que no, parece que compartiera la lógica de la pregunta. Si repregunto cuál sería el problema de estar en el PO le doy de comer a los que buscan el escándalo; así dejamos de discutir nuestro reclamo”, dijo la delegada Mercedes Méndez. Su par Adriana Agüero pidió la palabra en la conferencia de prensa para plantear algo similar: “No estoy en ningún partido político, voté una sola vez y lo hice en blanco por el descreimiento. Sólo quiero llegar a fin de mes, poder estar con mi familia, trabajar sin tener que hacer 14 horas por día”.
Los trabajadores piden un sueldo básico de 1800 pesos –equivalente a la canasta familiar–, un plus del 2 por ciento por cada año de antigüedad y el reconocimiento profesional de los enfermeros. El conflicto viene de arrastre desde abril, cuando tras un plan de lucha consiguieron una mejora de 300 pesos y el compromiso de seguir la discusión en una paritaria. El Ministerio de Salud hizo, a principios de agosto, una oferta de aumento del 20 por ciento que fue aceptado por tres gremios –UPCN, Sutecba y la Asociación de Profesionales– pero no por ATE: los sectores en paro habían sido desfavorecidos por el ofrecimiento.
Los médicos de la Asociación de Profesionales reiteraron que no quieren despidos. “Consideramos que el reclamo de 1800 pesos de básico es justo, porque cubriría la canasta familiar. Es cierto que somos los que más ganamos, pero también los que más tiempo pasamos dentro del hospital. Este es un centro de alta complejidad que se abrió para funcionar las 24 horas del día; el Consejo de Administración debería reclamar un presupuesto adecuado en lugar de hacer una caza de brujas”, opinó María del Carmen Ceinos al reiterar el apoyo de la Asociación al reclamo. “Yo no entiendo nada de política, pero entiendo de mi trabajo y le digo a las autoridades que vean que no se está pidiendo una suma descabellada, sino la suma que corresponde para no perder la dignidad humana.”
Ayer los delegados no quisieron hablar de las medidas de fuerza que discutirán en caso de no recibir, durante el fin de semana, otra propuesta salarial. Los pasos a seguir serán votados el lunes en una asamblea. Como viene sucediendo desde el inicio del conflicto, este modo de tomar las decisiones implica que el proceso no pueda ser dirigido por la cúpula de ATE, que hubiera preferido una impasse; tampoco por los delegados que militan en partidos de izquierda, que suman siete sobre un total de treinta. Dentro del Garrahan, en un modo de organización que ya se vio en los subtes, la regla principal es que quien decide es la asamblea, y allí cada trabajador tiene un solo voto, aunque se trate del secretario general del gremio o de los que se referencian como líderes del conflicto.