[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Desde los años en que el difunto presidente socialista François Mitterrand decidió juzgar por contumacia a Alfredo Astiz, el caso de las monjas francesas desaparecidas en la Argentina nunca dejó de interponerse en las relaciones entre París y Buenos Aires. En 1990, los socialistas impulsaron el juicio de Astiz, que fue condenado en París a cadena perpetua por el secuestro y el asesinato de dos religiosas. A partir de entonces, la conducta de Buenos Aires fue seguida con lupa por los abogados defensores de las familias de los desaparecidos franceses, por los organismos de Derechos Humanos y, en otra medida, por los sucesivos gobiernos de turno. Pese a las ambigüedades y atrasos característicos de todo poder, socialistas o conservadores reclamaron con igual insistencia que el culpable de la desaparición de las monjas sea castigado.
En 1994, cuando era ministro de Relaciones Exteriores, Alain Juppé (luego primer ministro) visitó la Argentina y pronunció la ya célebre frase: “Francia no olvida”. Meses antes, en Buenos Aires, durante una visita oficial, el presidente francés Jacques Chirac lanzó la poco habitual frase en la boca de un mandatario “Astiz es un asesino”. El momento más álgido de las relaciones entre los dos países sobrevino en 1997. Dos meses después de la victoria de los socialistas en las elecciones legislativas anticipadas, Página/12 reveló que Alfredo Astiz estaba emprendiendo una “nueva carrera” en los servicios de inteligencia. La reacción del gobierno de Lionel Jospin fue contundente. El entonces portavoz de la Cancillería francesa, Jacques Rummenhardt, puntualizó: “Si estas informaciones llegaran a ser verdaderas, habría una contradicción con el espíritu de las garantías dadas por Argentina a Francia en lo que atañe al alejamiento de esta persona responsable del asesinato de dos religiosas francesas”. Un año más tarde, cuando Juppé era jefe de gobierno y Astiz fue “promovido”, el nuevo portavoz de la Cancillería, Richard Duqué, señaló que París consideraba “chocante” que el capitán de Fragata fuese “galardonado” con una promoción. Cuando hace dos años el juez Rodolfo Canicoba Corral liberó al torturador, París volvió a la carga. Tanto en el ministerio francés de Justicia como la abogada de las familias de franceses desaparecidos en la Argentina, Sophie Thonon, consideraron que se trataba de una medida que “atenta contra los compromisos adquiridos”. La decisión del juez tuvo tanto más impacto cuanto que la llegada al poder de Néstor Kirchner cambió radicalmente el panorama. Las decisiones del mandatario argentino alentaron la confianza en el sistema judicial de Buenos Aires. A tal punto que el presidente francés, en el curso de la entrevista que mantuvo con Kirchner durante su primera visita oficial a Francia (2003), evocó el tema, cosa que jamás hizo abiertamente bajo el mandato de Carlos Menem. Luego, en el comunicado oficial, la presidencia francesa hizo referencia a las leyes que no “representaban” el funcionamiento de la Justicia en una democracia.
París nunca cambió su postura. Presionados por los abogados, los familiares y las ONG, los ejecutivos de turno tradujeron en pedidos oficiales la exigencia de justicia. Cuando Kirchner derogó el decreto firmado por Fernando de la Rúa que impedía las extradiciones de los militares torturadores, París se metió en la brecha y solicitó oficialmente la extradición de Astiz. Este no fue el primer pedido. En agosto de 2001, el gobierno francés había seguido los mismos pasos en su intento de ver a uno de los mayores criminales de la dictadura entre rejas francesas. Las dos religiosas francesas fueron siempre un emblema de la necesidad de justicia y un “modulador” de las relaciones entre los dos países. Es lícito reconocer que la persistencia con que el tema de las dos monjas pesó en las relaciones se debe en gran medida al irrenunciable trabajo de la abogada Sophie Thonon. A lo largo de los años, Thonon varió los ángulos de ataque para que la memoria de las víctimas siguiera siempre viva. Ella y Willam Bourdon fueron los encargados de reservarle a Henri Kissinger, ex secretario de Estado norteamericano, una de las peores sorpresas de su existencia. En junio de 2001, Kissinger estaba de vacaciones en París cuando dos policías fueron hasta el Hotel Ritz a convocarlo como testigo en el marco de las investigaciones que se llevaban a cabo en Francia sobre la desaparición de ciudadanos franceses dentro del Plan Cóndor. Kissinger se escapó del hotel por la puerta de atrás.