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En el ejercicio 2002, la Presidencia de la Nación absorbió las funciones de Seguridad Interior y, al mismo tiempo, los recursos necesarios para financiarlas. Pero este dinero adicional, alrededor de 2482 millones de pesos, incluye mejoras que el propio Parlamento asignó a las Fuerzas de Seguridad cuando este turbulento verano se votó la Ley de Presupuesto del 2002. La devaluación y el consiguiente aumento de costos para todas las prestaciones públicas amenazan licuar la mejora aprobada por los legisladores. Pero lo cierto es que a principios de la gestión duhaldista hubo un aumento nominal tanto para reforzar la “capacidad operacional de la Gendarmería”, como para la Policía Federal.
En el caso de los gendarmes, la asignación total para todo el año se incrementó en 36 millones de pesos, ya que subió de 271 millones de pesos en el presupuesto del año pasado a 307 millones en el actual (un 13 por ciento). Para la Federal esa suba fue proporcionalmente más modesta: 33 millones de pesos, producto de subir la partida total de 580 millones a 613 millones de pesos. Como en el caso de las Fuerzas Armadas, los recursos de las de Seguridad están mayoritariamente destinados al pago de las remuneraciones, rubro que insume alrededor del 80 por ciento del presupuesto total, aunque no por esto las remuneraciones dejan de ser magras. En rigor, todos los presupuestos militares vienen declinando paulatinamente desde el advenimiento de la democracia, algo que el ex ministro de Defensa aliancista Ricardo López Murphy cuestionaba irritado, aunque no encontró manera de revertir la situación.
En una situación diferente está el área de Presidencia, sobre la que suele posarse la lupa cuando se considera en detalle el Presupuesto nacional, ya que habitualmente es la que concentra un mayor número de asesorías de dudosa necesidad o partidas que se manejan de modo arbitrario. En esta ocasión, sin embargo, el extraordinario aumento de recursos entre los presupuestos 2001 y 2002 tiene una explicación bastante llana. El año pasado, Presidencia tenía un total de recursos asignados de 845 millones de pesos, contra los 3327 millones que la ley le adjudicó en febrero pasado. Pero la órbita de la administración estatal más próxima a Eduardo Duhalde ganó desde entonces competencias que hasta el año pasado estaban en manos del Ministerio del Interior y que cedió a manos del presidente tanto la administración de los fondos de Seguridad como las políticas las que se subordinaron las fuerzas.