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Más allá de las declaraciones de supuesta fe democrática del nuevo presidente paraguayo Federico Franco, el golpe institucional que hace poco más de dos semanas destituyó a Fernando Lugo de la presidencia de Paraguay, comenzó a tener consecuencias directas en el sistema de medios públicos y en los organismos de comunicación creados durante el gobierno del mandatario derrocado. Los hechos están a la vista. Decenas de periodistas, comunicadores sociales, productores de medios de comunicación están siendo despedidos de la Radio Nacional de Paraguay, la Televisión Pública, la agencia de noticias oficial IP Paraguay y de la Secretaría de Información y Comunicación para el Desarrollo (Sicom). Los despidos, sin causa justificada, se apoyan en argumentos ideológicos y políticos y van acompañados de amenazas para los trabajadores de la comunicación. A lo anterior se ha sumado el bloqueo inexplicable de direcciones de correo electrónico de periodistas. Entre tanto, los grandes medios comerciales de comunicación que combatieron a Lugo y resultan aliados del nuevo gobierno, y que se han manifestado siempre como defensores de la libertad de expresión, ahora guardan silencio frente a los despidos y los atropellos contra los periodistas.

La Sicom es la secretaría que, con rango ministerial, fue creada por Fernando Lugo en agosto de 2008 a poco de asumir el gobierno y con el objetivo explícito de hacer de la comunicación una herramienta de gestión pública, apoyando los procesos políticos, económicos y sociales, y promoviendo el ejercicio de la libertad de información y el derecho a la comunicación, seriamente cercenados en Paraguay por la hegemonía de grupos mediáticos concentrados. El nuevo ministro de la Sicom, Martín Sannerman, del Partido Liberal Radical Auténtico (PRLA), el mismo del presidente Franco, dijo al asumir que su “principal tarea será hacer que la comunicación desde los medios públicos se construya con amplitud y teniendo en cuenta como dogma fundamental la libertad de prensa y expresión”. Y agregó entonces que “los medios públicos deben informar con la mayor objetividad posible desde la mirada que corresponde al sector público, dando lugar a todas las opiniones”. Tanto los cambios de programación producidos en los medios públicos como los despidos de trabajadores no parecen apuntar precisamente en ese sentido.

Los dos diarios de mayor circulación del país, ABC Color y Ultima Hora, fueron permanentes instigadores del juicio político contra Lugo y desde sus páginas se ha justificado el golpe institucional. ABC pertenece al grupo Zuccolillo, tradicional aliado del Partido Colorado que estuvo detrás del golpe y que aspira a llegar al poder por vía electoral en abril del próximo año. Ultima Hora es del grupo Vierce, dueño también de Telefuturo, La Tele y diez radios repartidas por todo el país. Desde todos estos medios se acusó siempre de manera infundada a Lugo y a su ministro de la Sicom, Augusto Dos Santos, de ataques a la libertad de expresión. Hoy nada dicen frente a los despidos de periodistas y comunicadores del sistema público de medios.

Una declaración que lleva la firma de comunicadores de todo el continente y que circula actualmente por la región “denuncia que la persecución ideológica ha llegado a los medios de comunicación y, particularmente, a las instituciones del Estado y al sistema público de medios” en Paraguay. Y agrega que “constatamos con intranquilidad, temor y rechazo, los despidos sin causa –sugerentemente acompañados de comentarios ofensivos contra la libertad de opinión y contra las adscripciones ideológicas de cada trabajador– que se vienen produciendo en los espacios democráticos y plurales que se fueron construyendo durante los últimos cuatro años en el Paraguay”. Dicen los firmantes que “en este marco, y a sabiendas de los despidos, las persecuciones, las amenazas y las presiones sufridas por compañeros trabajadores del campo de la comunicación, expresamos nuestro más enfático repudio a cualquier práctica que suponga la restricción o limitación del ejercicio de la libertad de expresión y opinión en el Paraguay y solicitamos, una vez más, a los organismos internacionales que impulsen rápidamente todas las acciones posibles en bien de la democracia y del derecho a la comunicación en el país hermano”.

Es importante tener en cuenta que –como también lo señalan los firmantes de la declaración antes mencionada– los despidos de periodistas del sistema de medios públicos no representan sólo un atentado contra estos trabajadores, sino que en el escenario de la comunicación en Paraguay constituyen un grave obstáculo para el ejercicio del derecho a la información y del derecho a la comunicación de todos los ciudadanos. Los grandes medios no garantizan la expresión diversa y tampoco informan sobre lo que sucede en el país, particularmente en el interior, donde los campesinos y sus dirigentes han comenzado a sufrir las consecuencias del atropello de los nuevos gobernantes y sus aliados económicos y políticos.

Existe en Paraguay un número importante de radios comunitarias, pero hay entre ellas muchas diversidades y matices y no pocas de las autodenominadas “comunitarias” responden a caudillos de los partidos políticos tradicionales. Por otra parte, las radios comunitarias –cuya legalidad promovida por Lugo fue obstruida por el mismo congreso que luego destituyó al presidente democrático– carecen de organización que las aglutine a nivel nacional y que pueda expresarlas.

En Paraguay, el golpe también es contra el derecho a la comunicación.