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El tratamiento dado por gran número de periodistas y de medios a la noticia del asesinato de una adolescente en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, podría titularse como un caso de mala praxis periodística. Hubo de todo... menos información. Los periodistas y los medios que trabajaron responsablemente la noticia –que también existen– han sido los menos.

Puede argumentarse que las fuentes judiciales no están a la altura del desarrollo de los actuales medios de comunicación y de las exigencias que impone la velocidad noticiosa. Pero ¿se puede exigir que la Justicia se adapte a la lógica de los medios? La responsabilidad del Poder Judicial en todos sus niveles es impartir justicia: en los tiempos y en las condiciones que se consideren imprescindibles para alcanzar este objetivo central para toda la sociedad. Todo lo demás –incluida la tarea de aportar información a los periodistas y a los medios– queda subordinado a lo anterior.

Quizá los responsables de comunicación en el ámbito de la Justicia podrían revisar algunos de sus procedimientos, facilitar ciertos accesos a las fuentes. Sobre todo teniendo en cuenta que el remanido “secreto de sumario” termina siendo traspasado y vulnerado por investigadores, policías y quién sabe qué otro funcionario con acceso al expediente.

Pero la dificultad no sirve como excusa y no se puede admitir que se actúe bajo la premisa de que “lo que no se sabe se inventa”. Porque en ese contexto surgen trascendidos de declaraciones que nadie hizo, pruebas inexistentes, imputaciones incomprobables y, sobre todo, especulaciones y teorías construidas por supuestos expertos o conocedores del tema que llenan espacios y consumen horas de televisión y radio. Con ello, irremediablemente, se daña a personas y se violan derechos ciudadanos.

El sujeto del derecho a la comunicación y a la información es el ciudadano, que debe ser respetado en su integridad como persona y como ser humano pensante. El ejercicio indebido y falto de ética de la profesión periodística antes que un aporte constituye un atentado que atenta contra el derecho ciudadano a la información para la construcción libre y razonada de una opinión y la toma de decisiones consecuente.

En este mal ejercicio periodístico confluyen las empresas, los profesionales y las audiencias cómplices. Desde distintas miradas, apetitos y expectativas, los tres actores coinciden para generar productos alejados de la noticia y cercanos a la especulación y a la construcción de historias macabras sin importar si guardan alguna relación con la realidad.

Habría que decir también que el método aquí utilizado no es diferente al que se estuvo usando en los últimos tiempos por idénticos medios y algunos de los mismos periodistas, para desatar operaciones políticas sobre la base también de noticias falsas, de conjeturas o de titulares que luego no se sustentan en datos firmes, en información chequeada y consistente.

La irresponsabilidad y la falta de ética es la misma. Tan carente de rigurosidad e idéntico ejercicio de mala praxis es inventar versiones sobre un homicidio como mostrar primeros planos de supuestas bóvedas y argumentar sin más que allí se guardaron millones de dólares producto de la corrupción. De la misma rigurosidad periodística se carece cuando se generan, en un caso y en el otro, testimonios de testigos supuestamente claves que luego no lo son por diferentes razones. Es lo mismo, aunque parte de las audiencias midan idéntico procedimiento con diferente vara porque antes han decidido qué es lo que quieren creer.

Sin lugar a dudas entre emisores y receptores, entre periodistas y audiencias hay complicidades mutuas, sentidos construidos que se alimentan entre sí como parte de lo que unos quieren ver y creer y lo que otros ofrecen para satisfacer a los primeros. La diferencia consiste en la capacidad de incidencia de unos y otros. Los periodistas, los comunicadores en general, disponen de una artillería de medios y recursos que es incomparable respecto de la que tiene el espectador, la audiencia, en su condición de ciudadano. Es incomparable y no hay equivalencia posible. Esto no hace sino acrecentar la responsabilidad de los periodistas y agravar la falta de ética cuando se incurre en semejantes errores.

Nada de lo dicho podría servir para limitar el derecho a trabajar de los periodistas, de acceder a las fuentes libremente, a investigar con seriedad y responsabilidad. No se trata de eso. De ninguna manera. Pero como todo derecho, el de informar también tiene su contracara: la responsabilidad, la ética, el derecho a la comunicación de todos los ciudadanos, en términos individuales y como comunidad. No existe derecho sin obligación. Aunque algunos se hayan convencido de lo contrario.