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En momentos en que se discute abiertamente sobre la democratización de la Justicia, el encubrimiento del atentado a la AMIA muestra uno de los costados más oscuros y menos explorados de la pelea destinada a romper los lazos espurios entre la corporación judicial y los poderes fácticos. No se trata únicamente de la identificación del sector conservador, representado en la Asociación de Magistrados. Aparecen, como en otros casos que se hicieron públicos, los vínculos de connivencia entre jueces y fiscales con sectores políticos, agencias de inteligencia y fuerzas de seguridad. Esto advierte sobre la profundidad que requiere la reforma del sistema de justicia.

La audiencia que realizó la Sala II de la Cámara de Casación para analizar la responsabilidad penal del ex juez Juan José Galeano se llevó a cabo con más de seis años de demora por orden de la Corte Suprema. Esta decisión dio la razón a la querella de Memoria Activa acerca de la desidia de algunos funcionarios judiciales y los intereses subterráneos de otros. Sin explicación, el fiscal de casación Raúl Plee dejó de impulsar la causa y la Cámara se resistió a fijar audiencia hasta que quedó en evidencia. Ayer, el fiscal Plee volvió a estar ausente.

En paralelo, con infinitas dificultades y demoras, luego de más de diez años, parte importante de esta causa fue elevada a juicio. Sin embargo, la instancia oral para determinar la responsabilidad de Carlos Saúl Menem, el ex secretario de la SIDE Hugo Anzorreguy o Jorge Alberto “El Fino” Palacios, entre otros, no tiene aún fecha de inicio y habría presiones para que, en plena campaña electoral, se postergue para después del juicio por el accidente de Once.

El remanente de esa investigación continuó en el juzgado federal de Ariel Lijo. Ante el sobreseimiento de un grupo de imputados, la querella apeló la decisión, pero fue nuevamente abandonada por los fiscales. Quien debía impulsar la acción consintió el sobreseimiento sin diferenciar situaciones. El titular de la Unidad AMIA Alberto Nisman sostuvo que el fiscal de Cámara Germán Moldes dio la orden de no apelar porque compartía los fundamentos del juez y carecía de autorización para hacerlo por su cuenta. Vale recordar que en 1997, Moldes había propuesto a la sobrina de Anzorreguy como fiscal adjunta de la Cámara Federal, quien fue finalmente nombrada. Nisman podría haber consultado a la Procuración General de la Nación. No lo hizo y dejó que sean las víctimas quienes intenten revertir la impunidad cuando se trata de investigar a poderosos.

Pero hay otros antecedentes de esta, por lo menos, rara y coordinada actuación fiscal en el caso. La única fiscalía ante la Cámara Federal no participó de las audiencias convocadas para discutir los numerosos planteos dilatorios de las defensas. En 2010 la Sala I ad hoc de la Cámara Federal advirtió sobre el deber de los magistrados de impedir que las defensas utilicen en forma abusiva las herramientas procesales y empantanen el trámite. En esa oportunidad, trató con duros términos al representante del fiscal Moldes, un secretario designado como fiscal ad hoc que no logró sostener el recurso del fiscal de primera instancia.

En la audiencia de ayer participó el juez de Casación Eduardo Riggi, denunciado en la maniobra de sobornos que se intentó para liberar a José Pedraza del crimen de Mariano Ferreyra. En esa investigación se pudieron conocer escuchas en las que las peores prácticas judiciales quedaron a la vista. Relaciones, anécdotas e intercambios de jueces y funcionarios con agentes de inteligencia, operadores sindicales, miembros de la Iglesia y algunos políticos.

El argumento central de las defensas –apoyado tácitamente por los “fiscales naturales” del caso– fue la necesidad de que se confirme el sobreseimiento de Galeano y se resguarde la seguridad jurídica para sostener las instituciones del país. ¿A qué seguridad se refieren? ¿A la de quién?

* Directora de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).