[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Poco falta enunciar en el plano teórico respecto de la trascendencia del acceso a la información para aspirar a sociedades igualitarias, inclusivas, con plenitud en el goce de los derechos. Ese conjunto de principios que nadie osa discutir a cara descubierta, aunque sí es atacado con prácticas diversas, apareció como trasfondo cuando Washington Uranga hizo notar (Página/12, 8/1/2014), ante las fallas del servicio eléctrico que vive el país, que la población carece de los datos necesarios para participar del diseño de políticas y de la adopción de decisiones que lleven a superar las deficiencias.

Para el caso específico, lo mínimo que debería suceder en adelante es que la población sea informada exhaustivamente sobre cuáles son las obras necesarias para que la distribución de electricidad no vuelva a fallar, qué costo tienen y cuáles son los plazos y los responsables de realizarlas, y cuándo las harán. Pero, entre aquel conjunto de principios y esta práctica hay una distancia por recorrer, una cuesta por subir.

Ante la falla en un servicio público, la tendencia automatizada es responsabilizar al Estado y sus administradores ocasionales. La suposición, también basada en un conjunto de principios, es que como expresión de todos los habitantes el Estado es el que debe garantizar las condiciones para que la población no sufra situaciones desastrosas como las vividas en este terreno. Sin embargo, ante esto conviene preguntar qué Estado fue erigido en el país, con cuáles atribuciones e instrumentos, para que custodie eficientemente los intereses colectivos en cuestión. La posibilidad de avanzar en las conjeturas se vuelve así más compleja. Y remite otra vez, como planteó Uranga, a la información disponible para los ciudadanos, los mismos que en su momento eligieron a unos administradores que desligaron completamente al Estado de las responsabilidades cuyo cumplimiento ahora se le reclama.

La pregunta es si el país dispone de un acuerdo para dotarse del Estado capaz de lograr que los concesionarios de los servicios esenciales que les fueron cedidos informen fehacientemente a la ciudadanía sobre la infraestructura a su cargo y los trabajos imprescindibles para mantenerla y mejorarla conforme aumente la demanda. Ante las acciones vinculadas con la intervención estatal en los servicios públicos y en sectores estratégicos del país, las reacciones a las que se les dieron los espacios mediáticos más significativos e influyentes llevan a pensar que ese acuerdo no fue alcanzado y, antes bien, que parece haber una voz mayoritaria que se opone. Por supuesto, esto apenas llega a sugerir una sensación, porque nada nos da evidencia de que las posiciones que prevalecen en los medios con más poder de influencia sean expresión de una mayoría, ni siquiera de una “primera minoría”, por más mecanismos que se pongan en juego, como encuestas por encargo o artilugios del discurso sobre “lo que quiere la gente”.

La demanda de comunicación transparente, útil, abierta, inclusiva, suele recaer con más fuerza sobre el Estado. Por el lastre de un cierto ADN cultural y político-ideológico, parece siempre más natural y lógico reclamarle a él, y sólo después se ve lo que se pueda obtener de las corporaciones privadas. Es una trama muy enmarañada, porque esta demanda involucra muy especialmente a la información, hasta la más rutinaria, pero también a sus intermediarios. El Estado podría decir en cualquier momento a las distribuidoras de electricidad: informen amplia y públicamente sobre la situación y las obras necesarias para que no se repitan calamidades. Pero, ¿podrá en igual medida lograr que esta información sea transmitida cabalmente a todos los ciudadanos, lo que casi equivaldría a decir por todos los medios existentes? ¿Debe pagar por ello y en consecuencia afrontar una inversión gigantesca y por lo tanto inmediatamente cuestionable?

En este punto, lo que no está claro hasta hoy son las responsabilidades sociales de los medios de cualquier origen en la administración de la información. Cuenta el país con una ley, la de Servicios de Comunicación Audiovisual, que los declara de interés público y por lo tanto sujetos al respeto a los derechos de la población, pero no con una norma, por ejemplo, sobre los medios gráficos. Es un desafío, porque ya está visto que las empresas, como las que distribuyen electricidad, no tienen inclinación por la transparencia y, peor aún, destinan recursos cuantiosos a conseguir que en espacios significativos de los medios privados se haga proselitismo a su favor.

* Periodista y escritor, presidente de Comunicadores de la Argentina (Comuna).