Miércoles, 5 de marzo de 2014 | Hoy
LA VENTANA › MEDIOS Y COMUNICACIóN
Washington Uranga vuelve a plantear un tema poco analizado en los medios: la ética periodística. Y abre el debate acerca de la necesidad de procesos autocríticos de los propios profesionales de la comunicación.
Por Washington Uranga
Hablar de ética periodística parece ser una cuestión apenas reservada a los ámbitos académicos, aunque tampoco en nuestras casas superiores de estudio se dedique demasiado tiempo y esfuerzos a debatir sobre este eje transversal –y esencial– para orientar la función que los profesionales de la comunicación brindan a la sociedad.
Sin embargo, la observación cotidiana de lo que leemos, escuchamos y vemos en los medios de comunicación demandaría reflexiones más frecuentes y pertinentes, también con la participación de las audiencias, respecto de este tema que no está desligado de la cuestión ciudadana y de la perspectiva de derechos en su integralidad.
En primer lugar porque, por encima de nuestra condición profesional, los periodistas somos ciudadanos a quienes nos asisten derechos, pero también, y de la misma manera, obligaciones. Entre estas últimas la de ajustarnos a la verdad de los hechos y la de respetar los derechos plenos e integrales de todas las personas. Sería imposible, por extensa pero también por inagotable, la lista de las prácticas periodísticas que hoy vulneran estos principios ciudadanos. Y lo más grave es que ello ocurre sin sanciones morales por parte de la sociedad, representada en este caso en las audiencias. Por una parte porque se ha ido construyendo una lógica de mutua legitimación y complacencia entre comunicadores y público: el periodismo dice lo que determinadas audiencias quieren oír y éstas dan por válido, acríticamente, aquello que coincide con sus apreciaciones previas y es reforzado por el discurso de determinados profesionales de los medios. Por otra, porque no hay ámbitos –tampoco en los propios medios– para ejercer la crítica, la disidencia o el derecho a réplica.
La perspectiva de derechos, en particular del derecho a la comunicación, demanda la posibilidad de que cada ciudadano haga su propio discernimiento, tome sus decisiones libremente. Para ello necesita –antes que opiniones y sin negar que las puede haber valiosas e importantes– información veraz y de fuentes diversas. Por ese motivo el compromiso con la búsqueda de la verdad –que está muy por encima de cualquier presunta e inexistente “objetividad”– exige a los periodistas brindar una cobertura de los hechos completa, equilibrada y contextualizada. Y seguramente vale subrayar el último adjetivo: contextualizada. Sin contexto el texto pierde su sentido, se tergiversa, se manipula. Sin contexto es imposible comprender el texto y darle a éste su verdadera dimensión. Presentar una noticia sin contexto es, probablemente, lo más cercano a mentir.
Pero, al mismo tiempo, un tratamiento ético de la información plantea como exigencia que aquellos que están siendo objeto de la cobertura informativa, los que generan la noticia o son sus protagonistas, así como los destinatarios de la información, sean considerados como sujetos de derecho. Esto equivale a decir que se trata de personas a quienes les asiste la integralidad de los derechos humanos, económicos, políticos, sociales y culturales en todas sus dimensiones y sin ningún tipo de recorte, discriminación o distinción de ninguna especie.
Vale la pena preguntarse cuántos de los que hacemos periodismo o comunicación permanecemos atentos a esta perspectiva en medio de nuestra práctica profesional. Atenuantes existen muchos: el vértigo de la tarea, la presión que impone la búsqueda de la noticia, la precariedad laboral y las condiciones –cada día peores– en las que se ejerce la labor. Sin embargo, ¿los atenuantes anulan o son suficientes para suprimir nuestro compromiso con los derechos?
En poco más de treinta años de democracia existieron en la Argentina muchas autocríticas y revisiones. Grupos, movimientos, personas, hasta corporaciones, aceptaron responsabilidades de diverso tipo por errores cometidos durante la dictadura y aun en democracia. Los medios de comunicación en algunos casos contribuyeron a que estos hechos se concretaran. En otros difundieron los resultados. Poco se ha dicho y debatido, sin embargo, sobre las autocríticas de medios y periodistas. Los medios, suele decirse, “no hablan de los medios”. Y, los periodistas –salvo algunos empeñados en el marketing del escándalo– no hablan críticamente ni de los otros periodistas, ni de su propia actuación. Rara vez se asumen públicamente los errores cometidos. Quizá haya que pensar que, para su propia sobrevivencia y para mantener el prestigio de la profesión –o lo que pueda quedar de ello–, es preciso mirar con mayor atención a los principios de ética periodística, encontrar los caminos para –aun en medio de las dificultades– ponerlos en práctica con honestidad y sin esgrimir excusas y, asunto no menor, asumir públicamente los errores subsanando también los daños causados por la difusión de informaciones falsas o –ni que decirlo– malintencionadas.
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