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Más de dos mil policías bonaerenses, hoy afectados a custodias de jueces, funcionarios y legisladores, volverán a formar parte del servicio de calle para sumarse a la prevención del delito. La medida fue dispuesta por el Ministerio de Seguridad de la provincia y regirá a partir del 1º de octubre, cuando los efectivos contemplados en la resolución deban reintegrarse a sus tareas originales. “Se apunta a potenciar la utilidad de los recursos humanos disponibles para destinarlos a trabajos de prevención y conjuración de los delitos. Nuestra obligación es que exista igualdad ante la ley a la hora de proteger la vida, los bienes y el trabajo de todos los habitantes bonaerenses”, explicó al respecto el ministro Juan Pablo Cafiero, durante un encuentro con la prensa en Berisso. Y detalló que “sólo el Poder Judicial tiene afectados en custodias de edificios y magistrados cerca de 1600 policías y otros 500 están asignados a las guardias de dirigentes políticos, legisladores y en algunos casos a sus familias y propiedades”.
La decisión hecha pública ayer por Cafiero ya había sido adelantada 20 días antes por el superintendente general de la fuerza de seguridad, Alberto Sobrado, durante la última reunión de la Comisión Bicameral de Seguridad. En esa oportunidad, se dieron a conocer varios casos de legisladores que cuentan con vigilancia no sólo en sus domicilios sino también en countries y oficinas. A partir de este dato, y luego de reconocer preocupado que la cifra de homicidios diarios en la provincia “se ha elevado”, el ministro Cafiero sostuvo que es “imprescindible” efectuar “una profunda racionalización y redistribución del personal policial, como así también de sus vehículos”. Respecto de lo último, se ordenó que antes de los diez días sean restituidos a los servicios policiales todos los automóviles hoy asignados a las custodias particulares.
“Todo policía que no se reintegre será pasado a disponibilidad y si un vehículo no es devuelto se le abrirá un sumario al funcionario correspondiente”, advirtió Cafiero desde Berisso, donde ayer presidió el acto de inauguración del Comando de Patrullas de esa localidad. El decreto, firmado anteanoche por el ministro y avalado por el gobernador Felipe Solá, establece excepciones, pero en caso de que algún organismo solicite custodios para la protección de un edificio o un funcionario, deberá hacerse cargo del servicio de horas adicionales (Cores), los viáticos y cualquier otro gasto que derive de esa prestación. “Se hará lugar a la solicitud sólo en casos especiales en que sea necesario asignar custodia”, informaron a Página/12 fuentes del Ministerio, que detallaron como situaciones excepcionales las de aquellos funcionarios “que hayan recibido amenazas de algún tipo” o los edificios y templos de colectividades religiosas que lo consideren necesario.
Además, desde el ministerio aseguraron a este diario que sólo 15 mil de los 47 mil policías cumplen tareas de prevención del delito. “El resto está asignado a la custodia de detenidos en comisarías, traslado de presos a juzgados y custodia de lugares fijos”, comentaron. La nueva iniciativa del Ministerio de Seguridad se suma así a otras modificaciones que desde el gobierno provincial se anunciaron en los últimos días, con el mismo objetivo de engrosar el número de agentes trabajando en la calle. Ayer el propio Solá firmó un anunciado decreto mediante el cual se reincorporará a suboficiales retirados para que cumplan tareas de custodia de presos, siempre que no carguen con “faltas graves” en su haber.