Como si fuera un hincha de fútbol, anoche, el doctor Jorge Monastersky observaba apasionado el debate sobre la Ley de Obesidad desde el palco del Congreso nacional. Fue uno de los primeros en presentar este proyecto en 2005 y aparece como colaborador de esta iniciativa que ya tiene media sanción en el Senado. En diálogo telefónico con PáginaI12, aseguró que hubo un lobby feroz de las obras sociales y las empresas de medicina prepaga para evitar que se tratara esta ley que los obliga a brindar, como parte del Plan Médico Obligatorio (PMO), atención médica, psicológica y quirúrgica a las personas que sufren de obesidad. La ley finalmente fue aprobada, en general, aunque deberá volver al Senado para que se apruebe la modificación de dos artículos.

El principal punto del proyecto de ley, respaldado por más de cien mil firmas, es que se considere a la obesidad como una enfermedad, “como de hecho lo hace la Organización Mundial de la Salud, una organización en la que Argentina participa como miembro”, destacó Monastersky. La obesidad ya es considerada por la OMS como la epidemia no transmisible más grande del mundo y está entre los diez factores de riesgo principales para la salud. Cinco millones de argentinos padecen esta enfermedad, diagnosticada a las personas cuyo índice de masa corporal –el peso dividido por el cuadrado de la altura– supera los 30 puntos. Si se incluye a las personas con sobrepeso, la cifra trepa a 18 millones de personas.

“Hubo una fuerte oposición de parte de la industria alimentaria”, comentó Monastersky, en relación con el punto que más trabó la discusión anoche en el recinto. Se trata del artículo 11, que ya había sido “retocado” en el Senado y que originalmente prohibía la publicidad de alimentos dirigidos a niños y que contienen un alto porcentaje de azúcares, grasas o son pobres en nutrientes. Con el retoque, sólo se obliga a estas empresas a incluir en la publicidad del producto que su “consumo excesivo es perjudicial para la salud”.

Ya a mediados de noviembre del año pasado, mientras se trataba el proyecto en el Senado, la propia presidenta de la Comisión de Salud, Haydée Giri, aclaró que “el tema de la industria no lo toca ni lo va a tocar” esta nueva ley, que no tenían “nada que ver” porque “éste no es un proyecto de la Comisión de Industria y Comercio”. Ayer, en el recinto directamente bajaron el artículo 11, argumentando que dañaba a las industrias azucareras de Salta y Jujuy.

En el caso de las obras sociales y las prepagas hubo rumores de una supuesta suba en los aranceles en caso de incluir los tratamientos necesarios para combatir la obesidad. “El precio no debería subir porque las enfermedades asociadas a la obesidad generan más costos que la obesidad en sí misma”, aseguró Monastersky. Una operación para colocarse un by pass gástrico, como lo hizo Diego Maradona, cuesta alrededor de 30 mil pesos. Anoche, este impulsor de la ley ofreció a las personas que no puedan pagar el tratamiento hacer una presentación masiva de amparos ante la Justicia para pedir que el Estado se haga cargo de las operaciones.

“Es que lo que no se está respetando es el derecho a la salud de estas personas”, dijo indignado Monastersky y destacó que es necesario presionar para que se termine de aprobar la ley y se aplique. Por su parte, los legisladores adelantaron el debate que tenía fecha de tratamiento para la semana próxima. El único requisito de varios diputados era que la sesión terminara antes del partido de Boca y el Fluminense por la Copa Libertadores. El debate fue seguido por pacientes e integrantes de varias asociaciones que, a fuerza de una campaña de divulgación –como la realizada por el programa de TV Cuestión de peso–, marchas y abrazos simbólicos al Congreso le dieron visibilidad al tema. Por ahora, deberán esperar la revancha en el Senado.