La ciudad de Buenos Aires ya tiene la ley que le permite crear su propia policía, una misión que recaerá en la gestión de Mauricio Macri. Para lograrlo, el macrismo consiguió los votos del bloque kirchnerista y del socialismo. Los tres bloques consensuaron un proyecto único, con modificaciones respecto del presentado hace siete meses por el jefe de Gobierno, aunque también generó rechazos: la Coalición Cívica, el ibarrismo, el bloque Igualdad Social y Nueva Izquierda votaron en contra. Fue aprobado en general por 42 votos contra 13 y al cierre de esta edición se discutía en particular. Las objeciones fundamentales son, por un lado, el escaso énfasis en la prevención del delito, y por otro, la superposición de competencias con la Policía Federal, que deberá ser resuelta mediante convenios entre los gobierno nacional y porteño.

La ley aprobada anoche crea la Policía Metropolitana, un cuerpo de seguridad integrado por personal armado, que tendrá jurisdicción en la ciudad de Buenos Aires, será auxiliar de la Justicia y cumplirá funciones de prevención y protección de las personas y bienes, es decir, las mismas funciones que tiene hoy la Policía Federal.

La ley prevé la creación de un Instituto Superior de Seguridad Pública, donde se formarán los futuros policías y de donde, se estima, estaría en condición de salir la primera promoción en octubre del año próximo. No obstante, el Ejecutivo espera constituir antes el cuerpo policial, si tiene éxito la convocatoria que realizará a efectivos de otras fuerzas para que migren a la Metropolitana. El atractivo: un salario inicial de 3000 pesos. Para su ejecución, el Ejecutivo contará en 2009 con un presupuesto de 205 millones de pesos.

La creación de la policía porteña fue consecuencia del fracaso de la propuesta de traspasar la Policía Federal a la ciudad: el gobierno nacional no aceptó acompañar esa virtual transferencia con una partida presupuestaria y la ciudad rechazó hacerse cargo de la fuerza (o parte de ella) sin aporte de dinero. La amenaza de Macri de crear una nueva policía se plasmó en un proyecto, presentado en marzo, trabajado en la Legislatura con la oposición y plasmado en la iniciativa votada ayer. Para su redacción, los diputados recibieron el aporte de especialistas como el titular de la Policía Aeroportuaria (PSA), Marcelo Saín, y la defensora del Pueblo porteño, Alicia Pierini, entre otros.

“Es un hito en la historia de la autonomía de la ciudad y representa un aporte del gobierno de Macri en la búsqueda de soluciones para el flagelo de la inseguridad”, destacó Martín Borrelli, del PRO.

Silvia La Ruffa, vocera del bloque K, explicó que “ahora el jefe de Gobierno tiene que hacerse cargo de la seguridad, no sólo con la policía sino con los elementos que le otorga la ley para ejecutar un plan integral de seguridad”.

También argumentó a favor del proyecto el socialista Julián D’Angelo, quien destacó las modificaciones incorporadas por su bloque al proyecto original: “Logramos que la policía tenga dependencia orgánica del Poder Ejecutivo, al contrario de la autarquía planteada por el jefe de Gobierno”. También destacó la inclusión de un capítulo destinado a la equidad de género en el acceso a la fuerza.

Desde Diálogo por Buenos Aires, Gonzalo Ruanova cuestionó el proyecto al afirmar que “no es una ley integral de seguridad, sino una norma para la creación de la policía a la que se agregaron algunos artículos para darle marco”. Y puso como ejemplo del poco interés que el macrismo pone en la prevención, con datos del presupuesto: “En 2008 se destinaron 36 millones de pesos y para 2009 están previstos sólo 4 millones”.

Martín Hourest, del bloque Igualdad Social, cuestionó “el consenso que están presentando dos sectores, los que no querían traspasar la policía y los que no querían recibirla”, en obvia alusión a kirchneristas y macristas. “Nos quieren hacer creer que por tener policía vamos a tener política de seguridad, cuando en realidad es al revés”, afirmó. Hourest con el ibarrismo suscribió un proyecto en minoría.

Desde la Coalición Cívica, Enrique Olivera advirtió que la nueva policía “no tiene claramente delimitadas las competencias”, por lo que “corremos el riesgo de tener policías de brazos cruzados, porque creen que le corresponde actual al otro, o lo que es peor, una policía de tiros cruzados”, en alusión a posibles choques ente las fuerzas. En ese sentido, reclamó la inclusión de una cláusula transitoria que establezca las competencias iniciales de la futura policía porteña, lo cual fue rechazado.

También rechazó el proyecto Patricia Walsh (Nueva Izquierda), porque “no ataca las causas estructurales del delito, que son la exclusión y la desigualdad social” y porque “tendremos dos cuerpos armados actuando en el mismo territorio”.

La Ruffa argumentó que la convivencia con la Federal podrá resolverse mediante convenios, de tres maneras: “Por despliegue territorial (la Metropolitana se haría cargo de algunos barrios); por competencias (eventos deportivos unos, manifestaciones los otros, por ejemplo) o mediante acciones conjuntas”.

Martín Ocampo, del PRO, afirmó que la sanción de esta ley no invalida un futuro traspaso de la Federal a la ciudad: “Está previsto el respeto a la antigüedad y a la obra social de los efectivos que se incorporen”. También destacó que los policías porteños tendrán dedicación exclusiva, es decir, que “no van a cumplir servicios adicionales”.

Raúl Fernández (Encuentro Progresista) apoyó el proyecto, pero se opuso al “estado policial permanente”, es decir, que los efectivos estén obligados a actuar fuera de su horario de servicio.

El Instituto Superior tendrá una ley especial, basada en un proyecto de Pablo Failde (FpV) y La Ruffa, que apunta a romper el esquema castrense, burocrático y corporativo y pase a un modelo comunitario”, argumentó Failde.

De acuerdo con la ley votada anoche, la futura policía porteña estará organizada de la siguiente manera:

- Depende jerárquica y funcionalmente del jefe de Gobierno a través del Ministerio de Seguridad y Justicia.

- La conducción de la fuerza estará a cargo de un jefe, con rango y atribuciones de subsecretario, quien será designado por el jefe de Gobierno.

- Habrá un escalafón único (es decir que no habrá oficiales y suboficiales) y los grados jerárquicos serán definidos en el estatuto policial.

- Los aspirantes deben tener entre 18 y 30 años de edad, tener estudios secundarios y aprobar los cursos de formación en la academia policial.

- No podrán pertenecer a la fuerza quienes registren condenas por violación a los derechos humanos, o por cualquier delito doloso, tengan un proceso penal pendiente, pertenezcan a las Fuerza Armadas o hayan sido echados de alguna fuerza de seguridad.

- La auditoría policial será externa a la fuerza y funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia porteño.

- El Ejecutivo les facilitará el acceso a una vivienda única familiar en la ciudad.

- La norma contempla la creación de Foros de Seguridad Pública, como ámbitos de participación comunitaria, pero que deberán ser creados por una ley especial.