“Todo en su medida y armoniosamente”, aseguró ayer en el Congreso el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, en el inicio del debate del proyecto de ley de estatización total del sistema previsional. Se refería a la posibilidad de que el Gobierno conceda un aumento de jubilaciones a corto plazo en virtud del importante ingreso de recursos a la caja de Anses por la desaparición del régimen privado. El funcionario admitió que esa situación permite “reflexionar” sobre un eventual incremento de haberes. Es decir, volvió a dar indicios claros de que la suba está en los planes del Ejecutivo, lo que se concretaría hacia fines de año o principios del próximo. Tomada estuvo acompañado por el titular de Anses, Amado Boudou.

En más de cinco horas de exposiciones señalaron que el Gobierno está dispuesto a practicar “adaptaciones” a la ley para generar consenso. La más importante es la creación de un reglamento de inversiones para los fondos previsionales. También admitieron que será necesario ajustar la ley de movilidad que se aprobó apenas el mes pasado al nuevo cuadro del sistema.

Para más adelante, Tomada reconoció que habría que estudiar el restablecimiento del nivel de contribuciones patronales en el marco de la recomposición del sistema jubilatorio estatal. Las contribuciones fueron bajadas a la mitad en 1993 por Domingo Cavallo y ello ayudó al desfinanciamiento del régimen público. El ministro indicó que habría que prestar atención a no afectar la competitividad de los sectores transables ni complicar a las pymes. Sin embargo, sostuvo que es un tema para analizar a futuro. No parece haber margen en la actual coyuntura de crisis financiera para subir las contribuciones.

El paso de los funcionarios por el plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda y Previsión de la Cámara de Diputados abrió el tratamiento legislativo de la ley. El Gobierno confía en que superará esa valla sin mayores sobresaltos. Tomada pidió a los sectores de la oposición que expresaron su coincidencia con la idea de eliminar el régimen de capitalización que no rechacen la iniciativa sólo porque fue presentada por el oficialismo. El comentario pareció dirigido a radicales y socialistas, cuyos diputados remarcaron el rechazo histórico de sus partidos a la intervención de las AFJP, pero indicaron que votarán en contra si no se corrige la redacción del proyecto.

El Bloque SI, cuya referente previsional es María América González, radicales K y aliados del kirchnerismo adelantaron que acompañarán la iniciativa en general y en todo caso marcarán sus disidencias en la votación en particular (ver nota aparte). Eso le da oxígeno al Gobierno para no pensar en demasiadas modificaciones. La que más le pidieron a Tomada y Boudou fue la incorporación de nuevos mecanismos de control sobre los recursos que pasará a administrar la Anses: cerca de 100.000 millones de pesos, contando los 22.000 millones de superávit previsional ya existentes.

Todo ese dinero irá a parar al Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen de Reparto. Es una cuenta especial adonde se destinan los recursos excedentes del sistema jubilatorio. Boudou reveló que se cambiará el reglamento de inversiones de ese fondo a partir de la llegada de los ahorros acumulados en las AFJP. El objetivo es limitar el margen de compra de títulos públicos y elevar el porcentaje de inversiones en obras de infraestructura, financiamiento al consumo y al sector productivo. En ese punto, varios diputados le pidieron definir taxativamente el reglamento de inversiones posibles. El funcionario concedió que es un cambio que se podría introducir en la ley.

Boudou también confirmó que se repatriarán los capitales que las AFJP colocaron en activos financieros de otros países. Un hecho que llamó la atención durante la sesión de las comisiones fue que el secretario de Seguridad Social, Walter Arrighi, no expusiera ante los diputados. El funcionario permaneció callado, con muy bajo perfil, y en su lugar habló la directora nacional del Ministerio de Trabajo, Emilia Roca. Trascendió que Arrighi quedó en mala posición después del debate de la movilidad previsional y se menciona que podría dejar el cargo.

El otro reclamo en cuanto a los controles del dinero que manejará la Anses formulado por la mayoría de la bancadas fue la incorporación al directorio del organismo de representantes de los trabajadores, los empresarios, los jubilados y hasta los defensores del Pueblo y la Tercera Edad. La oposición pidió que tengan facultades de administración y no sólo de verificaciones ex post del manejo de los fondos. Boudou y Tomada se mantuvieron en sus trece: dijeron que se convocará a aquellos actores a un Comité de Seguimiento de las inversiones, pero cuyas opiniones no serán vinculantes. También rechazaron el pedido de devolver a las provincias el 15 por ciento de coparticipación que cedieron a principios de los ’90 para la jubilación estatal.

En cuanto a la ley de movilidad recientemente aprobada. Boudou sostuvo que habrá una resolución de la Anses para adaptar sus parámetros a la nueva realidad, en función de la incorporación de nuevos beneficiarios.